Desde la celebración de los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad en 2006, tras la reapertura de las causas por los delitos del terrorismo de Estado, se desarrollaron en Argentina 296 juicios en los que fueron condenadas 1115 personas y 171 resultaron absueltas.

En un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 y a 40 años de la restauración del Estado de derecho, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publica en Fiscales.gob.ar la actualización de los principales datos estadísticos del proceso de verdad y justicia. Es el resultado del relevamiento periódico que realiza la oficina especializada con las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en los procesos en todo el país.

En la actualidad se llevan a cabo 15 juicios en diferentes jurisdicciones del país y otras 75 causas aguardan la fijación de fecha para el inicio del debate. En la fase de instrucción, es decir en plena investigación, tramitan 269 causas, que representan un 41% del total de las causas por crímenes de lesa humanidad.

Las personas procesadas suman 495, mientras que se ha dictado sobreseimiento en relación con 92 y otras 141 se encuentran con falta de mérito para ser procesadas o sobreseídas.

Las personas que aún aguardan ser llamadas a declaración indagatoria son 550.

En cuanto a la condición de las personas investigadas por crímenes de lesa humanidad, actualmente hay 710 detenidas, lo cual representa el 19%, y 1519 están libres, es decir, un 41%. Como se expone en el siguiente gráfico, la estadística histórica demuestra que a partir de 2016 las personas en libertad en procesos por crímenes de lesa humanidad superaron a las detenidas.

El mismo cambio en la tendencia se dio a partir de 2016 con la modalidad de arresto. Desde entonces, la cifra de las personas con prisión domiciliaria es superior a la de quienes transitan la privación de su libertad en establecimientos penitenciarios. Al cierre de datos realizado por la procuraduría especializada el 17 de marzo pasado, 546 personas están detenidas en sus domicilios, 103 en cárceles federales o provinciales y 61 en otras dependencias, como la Unidad N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. Por sus características y el rol del Ejército en su administración, ese lugar no es considerado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como una unidad penitenciaria.