Según Morante, con el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). se buscó lograr una construcción social de consenso ante las tensiones entre la salud y la legislación penal. "Abrazó el concepto de salud, que es mucho más que ausencia de enfermedad, sino cuando vulneran derechos y libertades", indicó.

El funcionario señaló que desde hace muchos años, la perspectiva de la prohibición y la seguridad, estuvo instalada. En este sentido, consideró importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió reconociendo un piso de derechos. "Es un puntapié que habilita a seguir trabajando para ampliar derechos", celebró.

Respecto de los números, informó que en todo el país hay autorizados más de 190.000, mientras que inscriptos estarían por alrededor de los 240.000.  Ante estos datos, explicó que se advierte una demora, no en el sistema de Salud, sino porque son los médicos los que tardan en vincular los documentos con los pacientes.

"Cercanos a los 250.000, en dos años es algo que cualquier país de la región desearía tener", distinguió a la vez que focalizó que esto se logró desde la perspectiva de salud y de ampliar derechos.

Ahora bien, consultado sobre las expectativas en la materia, Morante reconoció que apuntan a la industrialización del cáñamo, aunque advirtió que para ello se deberá debatir los marcos regulatorios, como la Ley Nacional de Estupefacientes N° 27.737.