Puntualmente sobre la cuestión de las expropiaciones, que se aprueban por ley, es decir con la sanción de las cámaras legislativas, Pérez Alsina contó que hay procesos que demoran quince o dieciséis años en completarse y remarcó que en todos los casos debe primar el criterio de “utilidad pública”.

“Históricamente los Gobiernos se encuentran con herencias de distintas expropiaciones. Nosotros hicimos un análisis y nos hemos reunido con senadores, para que cada expropiación se haga luego de un estudio más consciente y no se la trate solamente como un tema político”, dijo Pérez Alsina.

Además, el funcionario planteó que haya un mecanismo determinado que analice las factibilidades y que descarte la existencia de una tierra fiscal cercana del inmueble que se pretende expropiar.

“Los senadores entendieron esto y hemos visto una disminución de los proyectos de expropiación, pero el Estado provincial lleva una acumulación de expropiaciones de 15 o 16 años a veces, porque hay que ponerse de acuerdo con el propietario y a veces se lleva a juicio”, dijo Pérez Alsina.

Además, remarcó que se les explicó a los senadores que la naturaleza de la expropiación sea exclusivamente por “utilidad pública” y que solamente el Estado puede llevarla a cabo. “El ejemplo más clásico es un camino que debe pasar por tierras privadas”, indicó.