Opinión 18/01/2023

Intervención

La mano del gobierno nacional se metió en la caja de las empresas que están exportando litio. Es que el precio del mineral tuvo un crecimiento exponencial y no se justifica el reintegro por su venta al exterior. Tal es lo que explica la medida dispuesta por el Ministerio de Economía. 

La Resolución 15, que lleva la solitaria firma de Sergio Tomás Massa, deja sin efecto el reintegro a la exportación de las mercaderías descriptas como litio, óxido e hidróxido de litio, cloruro de litio y carbonato de litio. La disposición entró en vigencia el lunes, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial. Se anuló así una medida promocional que estuvo vigente desde hace tres décadas para atraer inversiones a la Puna, una región desfavorecida en materia de infraestructura.

Las mejoras producidas en el área no son notorias pero sí lo es el crecimiento del precio de la tonelada de litio, que de uno 8 mil dólares registró en los últimos meses una suba vertiginosa y está superando los 70 mil dólares. En esa materia estaba vigente un precio de referencia mínimo de 53 mil dólares por tonelada, establecido para las exportaciones de carbonato de litio a mediados del año pasado por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

El reintegro por las exportaciones mineras en general se calculan según el insumo que las compañías productores deben importar y la región donde está el proyecto.En el caso del litio era de 4,5% desde 2021. Cabe destacar que en la Argentina solo dos emprendimientos mineros exportan litio. Se trata del Proyecto Fénix, que produce desde 1998 en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y  Sales de Jujuy, que comenzó a producir en 2015 en el Salar de Olaroz. En Salta, La Rioja y San Juan todavía no hay explotación. 

La medida de neto corte recaudatorio del Palacio de Hacienda ha generado inquietud en toda el área productiva y ha demostrado  que las perspectivas de este negocio no solo alienta a las empresas a escalar su producción sino apura a los gobiernos de las provincias lictíferas a tomar iniciativas, al margen de la Mesa del Litio que han integrado. Bajo la mirada recelosa del gobierno Nacional, Jujuy le da tratamiento de recurso natural estratégico desde el año 2011 y La Rioja así lo ha declarado días pasados a través de una ley que también suspende por 120 días los permisos de cateo, prospección, exploración y concesiones, dándole al Gobernador la facultad de una única prórroga.

Nominalmente las exportaciones no son en extremo significativas pero sí su proyección. Las ventas al exterior de litio entre 2021 y 2022 registraron una suba de 235%, totalizando unos 620 millones de dólares, que representan el 18% del total de las exportaciones mineras.Esta cifra será significativamente superior en cuatro o cinco años, ya que podrían sumarse al menos ocho proyectos a la etapa de producción, lo que provocaría un salto de 340%. El cálculo que anima a Massa es que las exportaciones de litio pueden llegar a los 6 mil millones de dólares en pocos años, cuando actualmente el conjunto de la minería metalífera y no metalífera a penas supera los 3.500 millones.

La pretensión de nacionalizar el litio como pretenden muchos sectores choca contra la Constitución Nacional, que dio a las provincias la propiedad de los recursos naturales –incluidos los del subsuelo- pero no elimina otras vías que permitiría que ingresen otros actores a su explotación para acceder a sus beneficios. El riesgo es que se atenta contra la seguridad jurídica que es el paraguas bajo el cual se cobijan las ingentes inversiones que exigen los proyectos en marcha. 


Por ello suena razonable la recomendación de exigir una mesa de trabajo de provincias mineras para sentar bases sólidas y duraderas en el tiempo porque si se cambian las reglas se ralentizarán las inversiones.

Y el litio es un negocio de duración acotada.

Salta, 18 de enero de 2023

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