Oficialmente se anunció que el Ejecutivo enviará a la Legislatura el proyecto de ley de Presupuesto General de la Provincia para el próximo ejercicio fiscal, a fin que tome estado parlamentario y comience su análisis y tratamiento. Se estima que la cifra global superará los 430 mil millones de pesos, si se ajusta según el parámetro nacional del 60% de inflación que se aplicó para los gastos en esa jurisdicción. En nueve reuniones, las autoridades municipales y legislativas de los 23 departamentos y 60 comunas pudieron exponer sus pretensiones, especialmente en materia de obra pública. Fue un trabajo interministerial que las autoridades del área económica ajustaron a la disponibilidad de la recaudación propia, de la coparticipación, de los aportes del Gobierno Nacional y de asistencia financiera internacional.

Precisamente, Diputados -la cámara de origen- dará ingreso al presupuesto en la misma sesión en que se tratará el proyecto de ley de prórroga de la emergencia económica vigente desde marzo de 1990. Al parecer, en 32 años no se han superado las situaciones que dan razones al estado de excepcionalidad que año a año se dispone con un debate intrascendente.

La iniciativa fue girada por el Ejecutivo el 22 de este mes y en el mensaje firmado por el gobernador Gustavo Sáenz  se repiten conceptos utilizados por sus antecesores en orden a que tal prórroga “tiene por finalidad sostener el normal funcionamiento de las finanzas de la provincia de Salta, cubriendo las necesidades ocasionadas por la emergencia económica nacional, y el cumplimiento impostergable de las obligaciones que requieren mayor atención”. Las leyes que se prorrogan desde su vencimiento y por el plazo de un año, son la Ley de Emergencia Económica y Administrativa 6583 de 1990 y la 7125, de adhesión a la emergencia económica nacional, sancionada en enero de 2001. En ambos casos se incluyen sus sucesivas prórrogas.

En su mensaje, el mandatario repite como en ocasiones anteriores que “se ha montado un andamiaje normativo del cual dada la coyuntura social, no resulta en estas instancias conveniente desprenderse abruptamente, por cuanto de su continuidad se encuentran en juego la posibilidad de la reactivación económica que nuestro Gobierno busca a diario, entre otras acciones de Estado”. La ambigüedad de estos fundamentos no permiten tener una cabal apreciación de cuál es la situación económica de la Provincia, especialmente si se tiene en cuenta que la actual gestión suele destacar que la administración es superavitaria en –por lo menos- 12 mil millones de pesos. Esta afirmación no explica cuál es la coyuntura socioeconómica, que genera en el Estado la necesidad de brindar respuestas rápidas y extraordinarias con recursos propios, como se señala en la presentación. 

Seguramente esas razones se tendrán en cuenta al momento de decidir si se acepta la invitación –tal es como se presenta- de la Secretaría de Finanzas de la Nación, para que la Provincia y los municipios suscriban  una Letra del Tesoro Nacional a tasa fija. El objetivo es contribuir al financiamiento del Tesoro Nacional con los saldos excedentes que tienen estos niveles de gobierno, mediante un instrumento con un rendimiento superior al de alternativas comparables como el plazo fijo, que es del 75% nominal anual. La liquidez de provincias y municipios se ubica en unos 2 billones de pesos, según información oficial.

Solo un debate limitado –como al que está sometido el oficialismo en la Cámara de Diputados- impedirá que el tratamiento de la prórroga de la emergencia arroje luz sobre las contradicciones que se detectan en la situación expuesta.

Salta 28 de noviembre de 2022