El Ente pide a Edesa que implemente medidores inteligentes en pozos de agua

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, confirmó el pedido que realizaron a Edesa para que se implementen medidores inteligentes en los pozos de captación de agua. El objetivo, señaló, es que permitan identificar las responsabilidades ante cortes de agua.

En Día de Miércoles, el titular del Ente explicó que “el problema es que las empresas se tiran la pelota”, en referencia a Aguas del Norte y Edesa. Es así que señaló que los medidores en cuestión registran la prestación del servicio de energía eléctrica en los pozos y, con ello, los cambios de tensión.

Asimismo, ordenaron a Aguas del Norte que cada vez que se informe que una bomba se detuvo, deben activar los protocolos y restablecer el servicio en un plazo de 30 minutos.

De acuerdo con lo que indicó Saravia, se adquirieron 5 mil medidores con fondos nacionales. Con 1907 de ellos se lleva adelante una campaña de medición para conocer el estado de consumo de los 374 mil usuarios. La revisión tarifaria, dijo, se supeditó a ese resultado que mide la calidad del servicio.

Remarcó así las asimetrías en los cortes en el interior y en Capital dado que la empresa destina mayores inversiones a Capital, y analizó: “Todos pagan igual y resulta que el norte tiene más cortes, pasa lo mismo con el alumbrado público. A todas estas asimetrías las vamos a corregir”.

Las sanciones, en tanto, se determinan a partir de un sistema automático y hoy están establecidas en 45 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que deberían estar casi en 170 millones. Indicó que aplican entre 20 a 25 sanciones por semana y resaltó que buscan modificar las normativas vigentes al respecto para que las multas sean efectivas, sin intermediación del Ejecutivo provincial.

Aclaró que las multas vuelven a inversiones que decide el propio Ente, y agregó: “Cuando yo ingresé, al Ente le daban 7 millones de pesos. Hoy hay 25 porque lo que corresponde que le den al Ente es el 2% de a la facturación, y no se pagaba. Al ministerio de Economía le resultaba cómodo, tuvimos que ir a la justicia”.