La iniciativa llegó al recinto de la mano del diputado de Anta Héctor Orlando Escobar, del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción. Proponía una solución a una situación que el  legislador suponía localizada en su departamento pero resultó que es un flagelo cuya expansión y alcance exige una acción inmediata de todos los poderes públicos e instituciones que pueden hacer -desde su especialidad o vinculación- un aporte para frenar su avance.

Hay que reconocer que no es la primera vez que hay referencias a la cuestión. Precisamente en la sesión anterior expresó su preocupación un diputado de San Martín que participó de una reunión de padres de niños y jóvenes adictos. Pero en esta ocasión se avanzó a una propuesta concreta que extendió el pedido de funcionamiento de un Centro de Día de lucha contra las adicciones asociada a una comunidad terapéutica a cada Departamento de la Provincia.

Cabe recordar que está vigente la Ley 7745, cuyo objeto la organización general del conjunto de intervenciones y acciones sistemáticas llevadas a cabo por organismos gubernamentales y no gubernamentales destinadas a la prevención de las adicciones y a la asistencia, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas que las padecen. La descripción de las situaciones que se viven en distintas comunidades de la Provincia da cuenta que hay un flagrante incumplimiento de sus disposiciones; más aún, tampoco se respeta  el propósito de los convencionales que le dieron una Constitución a la Provincia en el origen de su organización institucional. Desde entonces, como destacara el legislador de Ahora Patria Roque Cornejo, está vigente la manda de proteger la familia y la salud, dos aspectos que fueron objeto de consideraciones en el debate.

Partiendo que la drogadicción es un problema instalado en Salta, el análisis y los cuestionamientos revelaron que es preocupante la inacción de distintas áreas de gobierno. Las carteras de Salud y Seguridad fueron marcadas por su gran responsabilidad atendiendo a que no hay políticas públicas para enfrentar lo que se caratuló como un flagelo. No se pueden encontrar respuestas para la atención de quien es un enfermo y demanda cuidados y tratamiento como tampoco se adoptan medidas para poner bajo control a los mercaderes de la droga, que se quedan con bienes de los que las familias disponen, cuando no se llevan la vida de sus clientes.

Desde el propio oficialismo se escuchó denunciar la inacción de parte de todos los organismos del Estado. “La droga nos lleva puestos y no hacemos nada”, enfatizó el presidente de la Comisión de Prevención de Consumos Problemáticos, Gustavo Dantur. También se señaló que siendo un problema de muchos departamentos, el Ejecutivo debe hacerse cargo del mismo y concurrir en ayuda de los intendentes, cuyos despachos son la primera línea de atención de las demandas.

En una de las intervenciones más descarnadas, la diputada de San Martín, Ana Laura Córdoba, aseguró que la droga está desarmando el tejido social, está ocasionando una terrible deserción escolar y destruyendo familias. Incluso los niños originarios son víctimas de las adicciones, no solo a estupefacientes sino también al alcohol y roban para consumir.

La declaración solo declama en torno de una medida pero en realidad es la alarma que se encendió y sonará hasta que se observe que se toman decisiones  conducentes al control de un trágico desborde. 

Salta, 28 de septiembre de 2022