Presupuesto
La Argentina empezará esta semana el 2026 con presupuesto. Corresponde la mención porque no es lo que ocurrió en 2024 ni en este año, durante los que se prorrogó la vigencia del último esquema de gastos y recursos aprobado en 2022, para el ejercicio fiscal 2023.
La cuestión se resolvió el viernes 26 de diciembre como si fuese un clásico de fútbol. No había dudas que el triunfo era lograr el presupuesto, cuyo proyecto esperó cien días para su aprobación y, según la pretensión de oficialismo y oposición, se resolvió en un empate. Hay presupuesto pero no es el que propuso el Ejecutivo ni el que pretendía la oposición. Tampoco es el que necesitan las provincias ni el gobierno de La Libertad Avanza.
El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por 148 billones de pesos. Esta cifra, de difícil comprensión para el hombre común, implica una caída del 2,5% real con respecto al cierre previsto para 2025.
Respecto de la iniciativa, ingresada al Congreso el 15 de setiembre, ha quedado a salvo el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo logró evitar el déficit fiscal, imponiendo un resultado financiero consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión. Se aprobó un superávit primario equivalente a un poco más de un punto del PBI y un superávit financiero -que resulta luego del pago de intereses de la deuda- del 0,3% del PBI. Otros datos significativos son que el presupuesto prevé una inflación del 10% y un crecimiento del PBI del 5%.
Los especialistas han proyectado que la aprobación del Congreso significa que en 2026 todos los ministerios recibirán menos fondos respecto de este año, durante el que el Ejecutivo fue ajustando las partidas aprobadas para el último año de la gestión del peronista Alberto Fernández. Los perdedores -en términos reales- son todos menos el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger.
La oposición logró que cayera del proyecto original la derogación de leyes que con esfuerzo logró aprobar y sostener durante el período ordinario, referidas al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad pero no tuvo la misma suerte en sostener el financiamiento de la educación pública, conforme a la ley nacional que dispone que anualmente el 6% del PBI debe dedicarse al sector. Cualquier ciudadano no registrará su impacto porque esa manda legal es una meta -establecida en 2005- que sólo se cumplió en 2015. También perderá recursos el sistema nacional de ciencia y tecnología, en el que debía invertirse en 2026 el 0,52% del PBI. Según el presupuesto, tampoco el Fondo Nacional para la Educación Técnica, mantiene el tope de gastos mínimos y los fondos aprobados cayeron casi el 67% real con respecto a 2025.
No es el mayor botín que se lleva el gobierno libertario. Al igual que otras administraciones en las últimas dos décadas, preservó la cesión de facultades extraordinarias que le permiten reasignar partidas presupuestarias para responder a contingencias dentro de determinados límites. Estas facultades buscan otorgar flexibilidad a la administración nacional sin alterar el equilibrio general del presupuesto pero convierte a este en una mera sugerencia.
Volviendo a la figura del empate de un clásico de fútbol, la definición por penales favoreció al presidente Javier Milei. El Poder Ejecutivo quedó habilitado a realizar operaciones de administración de la deuda pública. Podrá efectuar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos, sin pedir autorización al Congreso.
En nombre de la gobernabilidad, los legisladores salteños votaron ese presupuesto. Mostraron que el discurso federalista del gobernador Gustavo Sáenz no baja a la realidad.
Salta 29 de diciembre de 2025
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