Momento
El año que se inicia será complicado para las provincias. Fueron puestas en una encrucijada y obligadas a apoyar un presupuesto que no las favorece pero la alternativa era seguir sin una ley para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo nacional.
El ajuste a las que quedan obligadas no es el de ordenar el gasto público sino de reducirlo a extremos que queda en riesgo la prestación de servicios esenciales. Hay advertencias de que la creciente conflictividad social podría ser un dato importante durante 2026.
El punto de partida del nuevo año es preocupante porque el presupuesto aprobado confirma que se alteró el esquema de reparto de la coparticipación federal, de casi el 60% de la recaudación para las provincias y el resto para la Nación. El gobierno central se queda con 7 de cada 10 pesos, según los cálculos del ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur.
El desfinanciamiento golpea áreas centrales como la educación, la ciencia, la tecnología y la obra pública. Sus efectos negativos profundizan los que ya se venían evidenciando en los últimos años.
En materia de obra pública, no se trata de emprendimientos que sirven para cortar cintas inaugurales en campañas electorales sino de las que contribuyen al crecimiento económico, la conectividad y la seguridad, como las rutas que están detonadas en todo el territorio nacional; obviamente Salta no es la excepción y el gobierno local está distrayendo fondos para morigerar las consecuencias negativas del incumplimiento de la administración libertaria.
Se suman otras demandas insatisfechas que hacen al bienestar social. El déficit habitacional en la provincia es de cien mil viviendas, según el informe de la Cámara Salteña de la Construcción y los programas nacionales se suspendieron, como consecuencia de la política nacional de debilitamiento del Estado. En febrero de este año se disolvió la Secretaría de Vivienda, que administraba el FONAVI, un fondo que financiaba la construcción de viviendas económicas y otorgaba créditos, usando los recursos que se recaudan con impuestos a los combustibles.
Estas decisiones construyen un panorama complejo porque las medidas adoptadas por el gobierno de La Libertad Avanza no solo paraliza obras sino que genera el consecuente problema social de cierre de fuentes de trabajo. Es que tampoco se avanza en la infraestructura de educación y salud.
El titular de la cámara que nuclea a las empresas constructoras, Juan Carlos Segura, aseguró que no se vislumbra una solución en el corto ni mediano plazo. Fundamentó su escepticismo en el presupuesto aprobado en sesiones extraordinarias, que no contempla partidas suficientes para reactivar el sector, cuestión que lo llevó a afirmar que hay “esperanza cero”. Una importante masa de trabajadores cierra el año desocupada.
No menor es la preocupación de la comunidad vinculada a la educación técnica. El presupuesto nacional dispone la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, al derogar el artículo 52 de la ley que rige las actividades de ese sector. Esa decisión se suma a la derogación del piso del 6% del PBI destinados a educación y toda la normativa que asegura un piso de financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se dijo que no se cumplían tales disposiciones y se optó por eliminar la obligación.
Los docentes de educación técnica -a través de AMET, el gremio que los representa- van a pedir explicaciones al gobernador Gustavo Sáenz, sobre porqué se votó una ley que perjudica al sector. Es que el mandatario pidió el voto para legisladores que defiendan los intereses de Salta y los electos en representación de su alianza, estrenaron su función votando en contra.
Cierra un año difícil y la continuidad del tiempo no alienta expectativas positivas. Es el momento de fortalecer el compromiso con la democracia.
Salta, 30 de diciembre de 2025
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