Acercamiento
La semana que está transcurriendo mostrará en la calle a organizaciones sociales, a la izquierda y a gremios que expresarán con sus marchas adhesión o reclamos al Gobierno Nacional. Algunas de estas concentraciones tendrán su versión local, de acuerdo a la capacidad de movilización de cada sector.
En ese marco de creciente agitación social se reanudará en la Provincia la actividad legislativa, luego de dos semanas de receso que se llevaron adelante más por tradición que por necesidad de relajar un ámbito que escaso aporte está realizando a una compleja situación política. Ante el reconocimiento del propio oficialismo de la existencia de los problemas que justifican el reclamo social, solo queda atender los llamados a la prudencia que se vienen escuchando.
El principal bloque oficialista de la Cámara de Diputados mantuvo su reunión previa a la sesión ordinaria del martes y definió puntos clave para la segunda mitad del año legislativo. Ya se va insinuando la tarea más relevante de este período, que es el tratamiento y aprobación del presupuesto general de gastos y recursos. Y en ese esquema se tratará que el federalismo que el Gobierno Provincial demanda al Nacional sea también una tarea para equiparar las condiciones en cada punto del territorio. La obra pública será el mecanismo para concretar la participación de cada región en la distribución de fondos. El trabajo de relevamiento y tramitación de proyectos de ese orden avanzará aun cuando los legisladores reconocen la elevada dependencia de recursos financieros que provienen del gobierno central. Saben que, en definitiva, la evolución de la macroeconomía impondrá el ritmo y alcance de la tarea del gobierno local.
En opinión del presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, el peronista Luis Albeza, la incertidumbre que están generando preanuncios que finalmente no se concretan en la formulación de medidas correctivas, justifica la efervescencia social. El reclamo es legítimo pero debe transitar por canales que no pongan en riesgo la convivencia pacífica, subrayó el legislador, dejando de lado las declaraciones irresponsables y golpistas que alientan la violencia como las del ex militar Aldo Rico pero exigiendo medidas adecuadas para poner en caja a los formadores de precios.
Este panorama, que preocupa a todos pero especialmente a los que tienen responsabilidades políticas, ha llevado a que el titular de la cartera económica provincial destaque que la cuestión institucional es clave porque hay instituciones que no funcionan adecuadamente. Frente a ello, el gobierno del Frente de Todos debe recuperar la confianza interna y externa pero también la oposición debe acompañar el proceso de reparación de los aspectos más vulnerables de la situación nacional.
Roberto Dip Ashur marcó la complejidad del cuadro debiendo resolverse las cuestiones de política, economía y política económica que dan incertidumbre a los próximos meses. Solo con prudencia podrán enfrentarse las divisiones en el poder y ponerse todos de acuerdo en torno de definiciones que se puedan sostener en el tiempo. Prometer y no cumplir tiene efectos devastadores sobre la economía real, aseguró.
No todo se agota en la inflación y la enorme inestabilidad económica. Hay aspectos que afectan objetivos de la gestión e Gustavo Sáenz. Se conoció en estas horas que la falta de transparencia y un tumultuoso historial financiero de la Argentina, impedirán que el Banco Interamericano de Desarrollo destrabe un crédito que iba a financiar obras en Salta.
Que el oficialismo asuma sus fracasos y la oposición no celebre que suceden podría producir un necesario acercamiento.
Salta, 26 de julio de 2022
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