Opinión27/03/2026

Contradicciones

El Gobernador de la Provincia abandonó las redes sociales y reapareció en un diálogo con un periodista salteño para contar lo que la ciudadanía observa cotidianamente. Su informe sobre su gestión de gobierno ratificó que algunos que tienen responsabilidades políticas se han convertido en comentaristas de su propia tarea.

Prueba de ello es su análisis de la situación del Instituto Provincial de Salud, un organismo autárquico que no forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo que ejerce pero que, a todas luces, responde a los lineamientos políticos de su administración. En el programa radial y televisivo Cara a Cara, que conduce el periodista Mario Peña, Gustavo Sáenz advirtió sobre la crisis del IPS, como si su padrón de afiliados forzosos no lo padeciera cotidianamente. Una deuda multimillonaria, sobre cuyo origen aún no hay un informe fehaciente, lo llevó a que en febrero de 2025 dispusiera su intervención. Sin embargo, más de un año después de esa medida, no pudo explicar a los empleados públicos que deben obligatoriamente hacer sus aportes a esa Obra Social, que ocurrió con un organismo cuyas autoridades son elegidas y designadas por él, desde hace 6 años.

El mandatario cuestionó el esquema actual de aportes, que genera fuertes desigualdades dentro del sistema. Pero sabe cuál es su raíz; se trata de los componentes salariales no remunerativos que su administración acuerda con una conducción gremial con la que mantiene fuertes vínculos políticos. Sin embargo, no planteó ninguna salida que le dé a los salteños la certeza de que está al frente de la solución de uno de los problemas que desestabiliza la prestación del servicio de salud en general.

El gobernador Sáenz reconoció que la política económica nacional, que está sometiendo a un severo ajuste a toda la población, no deja indemne a las cuentas públicas. Al borde de la capacidad que su gobierno dé respuestas a las demandas sociales, le contó a los salteños que la situación provincial muestra un grave deterioro, cuestión que la ciudadanía ya ha observado. En ese punto explicó que se debe discutir la coparticipación, sin dar razones por qué el conjunto de mandatarios y los representantes del Gobierno Nacional no asumen responsablemente esa obligación, impuesta por la Constitución Nacional en 1994.

También comentó que la falta de estabilidad institucional frena inversiones en el país y ese reclamo lo trajo de Estados Unidos, cuando participó de gestiones para atraer capitales productivos. El mundo sabe que la Argentina arrastra un problema histórico de inestabilidad, dijo el gobernador salteño. 

En los últimos 40 años, por lo menos, sucesivas gestiones de gobierno fueron profundizando un problema que irrumpió en la primera mitad del Siglo XX, cuando se probó los beneficios que determinados sectores sociales y económicos obtenían de los golpes de Estado. Al menos se ha podido determinar desde 1983 que la democracia es el camino y su consolidación demanda calidad. 

No se trata solamente de llevar adelante comicios, con reglas de juego amañadas. Se deben respetar las instituciones y cada poder cumplir sus obligaciones y deberes. Se debe gobernar en base a los principios republicanos consagrados constitucionalmente.

Exponer como una virtud que nunca señaló las fallas del control público y que renunció a la obligación que tiene cualquier ciudadano de denunciar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, no le hace un favor al gobernador Gustavo Sáenz, especialmente si la razón es que no quiere ganar enemigos en la política. 

Declarar seguridad jurídica en la Provincia y no asegurar que se ajustará a disposiciones constitucionales que establecen que cada gobernante sólo puede ser reelecto una vez, confiando en interpretaciones de una Justicia adicta, es una contradicción en el mejor de los casos.

Salta, 27 de marzo de 2026

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