Dolo
La movilización social y la intervención de la justicia son –al parecer- los únicos caminos que los jubilados y pensionados tienen para acceder a servicios de salud. Mientras los ancianos llevan varios días de cortes de ruta, se formalizó el martes una denuncia penal en contra de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tiene más de 110 mil afiliados en la Provincia y la mala calidad de sus prestaciones viene generando reclamos que fueron subiendo de tono especialmente desde la pandemia. A la fecha, la zona norte –puntualmente la localidad de Hipólito Irigoyen- es el escenario de una expresión de intolerancia a incumplimientos flagrantes de la obra social del sector pasivo.
Ya en diciembre de 2021, el Centro de Jubilados y Pensionados San Joaquín, en la persona de Antonio Guido Cancino, presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Orán, el que ordenó al organismo a arbitrar los medios para brindar cobertura médica, asistencial y farmacológica efectiva. Lejos de acatar la orden judicial el PAMI apeló, pero el 26 de enero la Sala 2 de la Cámara Federal de Salta, rechazó el recurso.
En el fallo se destaca que quedó acreditado que las prestaciones del PAMI en esa localidad "no son suficientes para cubrir necesidades de los afiliados y que dicha situación se agravó con la pandemia”. La Justicia no le impuso nada al margen de obligaciones básicas; ordenó que arbitre los medios para brindar una cobertura médica, asistencial y farmacológica efectiva, integral y oportuna, de manera permanente y continua.
El PAMI, que se financia con el aporte obligatorio de jubilados y pensionados, no atiende a la totalidad de un poco más de 200 pasivos salteños que están registrados en el ANSES pero todos los que reconoce como afiliados pagan la cuota mensual que se les descuenta de manera automática. En su extensa historia reconoce buenos momentos pero son los menos. Distintas modalidades fueron deteriorando sus prestaciones hasta llegar a los últimos dos años en los que la gestión de la administración del sistema quedó en manos de referentes del grupo político La Cámpora.
Es cierto que las fallas en la atención de la salud de trabajadores activos y pasivos deben adjudicarse al mal funcionamiento de todas las obras sociales y también a la decadencia del sistema estatal de salud. La irrupción del coronavirus encontró a una importante área del territorio provincial bajo emergencia socio sanitaria, que obligó a un flujo más intenso de recursos que tomó más cuerpo desde marzo de 2020 cuando ya todos los departamentos tomaron parte de la emergencia sanitaria. El progresivo retorno a la normalidad está evidenciando que las inversiones realizadas no son suficientes para contener la demanda de la población más vulnerable, entre la que se encuentra la de adultos mayores.
Con una línea gerencial imputada en varias causas judiciales, no solo las acusaciones de corrupción que caratulan los expedientes les cabe a quienes conducen el PAMI. La pésima atención que reciben en la Capital, donde está concentrada la mayor cantidad de establecimientos públicos y privados de salud, es también producto de la ineficiencia de gestión, que se profundiza en los centros urbanos donde la disponibilidad de especialistas y clínicas es inexistente. La intervención del gobernador Gustavo Sáenz, a través de un colaborador cercano que fue incorporado en el área de decisiones del PAMI, no ha dado resultados hasta el momento.
La denuncia penal interpuesta ahora por el senador del departamento de Orán, Juan Cruz Curá, sintetiza lo que parecer ser la política de la obra social de los viejos. Señala que, prima facie, existe un dolo eventual en el accionar del PAMI porque sin tener la intención directa ni indirecta de matar, le resulta indiferente que la víctima muera o no muera.
De cualquier manera se debe revertir esta situación, por el bien de los abuelos y su familia.
Salta, 29 de junio de 2022
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