Control
Al inicio de la actual gestión de gobierno se contabilizaban 11 ex intendentes imputados por delitos vinculados a la corrupción como la malversación de fondos o de bienes de sus municipios. Se detectó tal situación a raíz que fueron sometidos a auditorías previas a la entrega del mando, ya que no fueron reelectos. Pero entre 2021 y lo que va de este año se sumaron otros.
Los más complicados son Julio Jalit, ex jefe comunal de Pichanal; Manuel Cornejo, de Campo Quijano y Rubén Méndez, de Salvador Mazza. A Jalit lo acusan de irregularidades financieras por un monto que llega a los 56 millones de pesos, pero también tiene una imputación por el delito de contaminación ambiental. Cornejo va a ir a juicio por la malversación de unos 84 millones de pesos. Méndez estaba en funciones cuando en octubre pasado fue imputado por enriquecimiento ilícito luego que se encontraran autos, un arma y casi un millón de dólares en su domicilio.
Sin agotar la lista debe citarse el caso de Rita Carreras, ex intendente de Coronel Moldes, acusada de la venta irregular de una cámara frigorífica que está valuada en 500 mil pesos. Otros nombres son los de Ignacio Vicente Condorí, de Animaná; Ernesto Gonza de San Lorenzo; Osvaldo García, de Coronel Moldes; Sergio Ramos, actual senador de Rosario de Lerma, los ex intendentes de El Tala Manuel Norberto Paz y Andrés Jesús Mellado Castellanos y Leonardo García de El Quebrachal. Aún en funciones al frente de sus municipios están investigados Aldo Rogelio Nerón de Santa Victoria Este, Javier Wayar, de La Merced y Gustavo Solís Mónico, de Rosario de la Frontera, para el que se acaba de pedir juicio por el cobro irregular de planes sociales.
Hay dos casos que merecen una referencia especial por sus particularidades. Uno de ellos es el de Jorge Prado, ex intendente de Aguaray, condenado por el robo de caños del gasoducto del Noreste. El otro es el de Angelina Lucía Canchi, ex intendenta de Islas, para la que también se pidió juicio en los últimos días. Canchi está imputada por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado.
En algunos casos podría argumentarse que se incurre en delitos por ignorancia de la normativa vigente. En el caso de Canchi firmó cheques pos datados y quizás haya considerado que la deuda que se estaba pagando era respaldada institucionalmente pero cuando se considera que libró 42 cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta del municipio, no quedan dudas de la intención. La ex intendenta de la lejana comuna también ocultó, mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control para que la nueva gestión pudiera conocer el estado financiero y contable.
En este panorama se destaca el sentido y la trascendencia del control público y el político. Este último lo ejercen los cuerpos deliberativos; los Concejos Deliberantes tienen como tarea fundamental controlar en tiempo y forma el manejo de recursos y el cumplimiento de las metas establecidas a través de la Ordenanza presupuestaria. El financiero y económico lo llevan adelante los Tribunales de Cuenta en los municipios que por su envergadura los tienen establecidos por Carta Orgánica y la Auditoría General de la Provincia.
La participación social también abre canales de control, ejercitando derechos que están contemplados constitucionalmente. Y vale ejercerlos porque la corrupción no marca un momento sino que deja huellas en el presente y el porvenir.
Salta, 20 de mayo de 2022
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