Opinión13/12/2021

Vientos

El sector más conservador y rígido de la estructura del poder impuso un cambio que no registra antecedentes: una mujer comanda uno de los tres ámbitos que la República tiene para mantener un equilibrio en la conducción política del Estado. Teresa Ovejero es desde el viernes último la presidenta de la Corte de Justicia de Salta y significa mucho.

Describió como el objetivo mayor de su gestión el afianzamiento de la Justicia, que la Constitución Nacional enuncia en su Preámbulo desde 1853 y se repite de memoria desde hace muchas generaciones sin que se comprenda cabalmente la consigna. El resultado fue expuesto en el discurso de asunción de la flamante presidenta, quien destacó que la necesidad de afianzar la justicia ha devenido una deuda social impostergable. “Este mandato –dijo Teresa Ovejero- se percibe como un tema de la más estricta actualidad a la luz de un presente crecientemente complejo, que amenaza con convertir a nuestra sociedad en un lugar donde se ha esfumado la virtud tomista de la benevolencia civil y donde imperan el delito y la violencia”. 

Que las leyes sean de cumplimiento opcional por parte de los ciudadanos, que los delitos no se castiguen  y que los que imparten Justicia se tomen tiempos infinitos para definir en qué casos se actúa al margen de las normas, ha llevado al estado actual de anomia. Y así pareciera entenderlo esta mujer que ha demandado un esfuerzo de reflexión profunda por parte de los diversos actores sociales, para encarar desde un pensamiento lúcido las soluciones de problemas que hoy interpelan a todos.

Este punto de partida para la gestión que se inició el 10 de diciembre, cuando se celebraba el Día de la Democracia y el internacional de los Derechos Humanos, le da cuerpo a una cuestión que esta semana será definida en el marco de la Convención Constituyente. Dijo Teresa Ovejero que “la constante remisión a la Constitución es la única opción constructiva, permanente y sabia. El rol del Poder Judicial es esencial en el esquema, y también lo es mantener a ultranza su independencia”. 

Ese tópico ha venido colocándose en la centralidad de la discusión política a propósito de un objetivo enunciado por el gobernador Gustavo Saénz de limitar los mandatos de distintas categorías electivas –como la propia y la de los legisladores- y la de los jueces de Corte. Para fijar criterios objetivos se vinculó esta pretensión con la independencia de la función judicial del poder político. A días de resolverse, la flamante titular del máximo tribunal de Justicia no mezquinó su opinión y en declaraciones periodísticas se sumó a la postura que viene sosteniendo la Federación que nuclea a las Cortes de provincias. Es importante la estabilidad del juez, no por reconocerle un privilegio –aclaró- sino por una garantía que debe tener la sociedad de que ese juez está con la tranquilidad en el cargo para abocarse a su sentencia y a resolver sus problemas. No debe ser un gobernador el que determine cuán llana es su independencia para fallar.

Para la nueva presidenta de la Corte de Justicia la división de los poderes es esencial a la existencia y a la vida de la República, donde el Poder Judicial es el alma del sistema. Es la instancia, el lugar donde la sociedad acude para resolver sus conflictos, y de donde los ciudadanos y las instituciones esperan recibir el reconocimiento de sus derechos. 

No pareciera casual que haya reafirmado la importancia del poder que comanda. Por un lado, pese a su trascendencia tiene mala imagen; por otro, el equilibrio de los poderes está roto  favor del Ejecutivo. De todas maneras, la estabilidad no debe entenderse como perpetuación ni con independencia.

Como sea, nuevos vientos soplan en el ámbito institucional. Ojalá renueven el aire y no se conviertan en tempestad.   

Salta, 13 de diciembre de 2021

 

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