A mi criterio, se trata de una grave afectación  del debate democrático. Espero que revisen la importancia de ampliar esa perspectiva sectaria. Si no están preparados para moderar sus acciones, la Convención corre el riesgo de perder legitimidad. 

 En mi larga experiencia en el Senado de la Nación, en el Parlamento Latinoamericano, en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, en la Unión Interparlamentaria, nunca vi algo así. Pero parece que en Salta hacemos las cosas diferente, y por eso seguimos con un régimen casi feudal. Ese cambio de régimen debiera ser el objetivo de la Reforma. 

 Hoy quiero reflexionar sobre la importancia de diferenciar los conceptos de independencia de los jueces, inamovilidad y duración de mandato. Ello en tanto los jueces han intentado confundir e identificar estos conceptos como si fueran equivalentes.   

Los jueces deben ser independientes para tomar decisiones imparciales. Esto significa que la independencia es una garantía para la ciudadanía, no para los jueces. Para que los jueces sean independientes se los debe dotar de ciertas reglas de garantía que sólo serán modificables en Salta, por los procedimientos de reforma Constitucional.

 La inamovilidad es una de las reglas con que se garantiza la independencia. Esa inamovilidad comprende no solamente la estabilidad en el empleo que ampara a todos los empleados públicos de la planta permanente, sino también una inamovilidad funcional absoluta. Significa que no puede ser cambiado de destino, sino con su consentimiento, y que tampoco puede ser destituido sino por las causales y por los procedimientos que establece la Constitución.

 En un excelente libro, Elementos para una Reforma Política en la Provincia de Salta, el constitucionalista Luis Caro Figueroa[1] sostiene que la doctrina ha perfilado la institución de la inamovilidad de los jueces como una garantía contra las medidas arbitrarias de los otros poderes. Que los otros poderes no puedan destituirlos arbitrariamente. En cambio, el cese de un juez por razón de la expiración del tiempo de duración de su mandato es una causa objetiva, establecida de antemano, que de ningún modo supone el ejercicio de arbitrariedad.

 Es decir, la inamovilidad estará vigente durante el plazo de mandato acordado al juez. La inamovilidad no significa que los jueces deban tener mandato vitalicio. Esa es una visión patrimonialista de los cargos completamente alejada de los avances democráticos. 

Esta doctrina ha sido reafirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Schiffrin,[2]  al sostener que la esencia de la garantía de inamovilidad no incluye la duración vitalicia en el cargo, la que tampoco viene impuesta por la forma republicana de gobierno ni por el principio de división de poderes. Significa que durante el período de duración en el cargo, el magistrado no podrá ser destituido sino mediante el procedimiento específicamente previsto que es, para los jueces de la Corte, el Juicio Político.

 La Corte Suprema sostiene que el establecimiento de un límite previsible y objetivo de duración en el cargo, es una definición que el legislador constitucional adopta de modo general, de antemano, aplicable a una clase de sujetos de modo igualitario, por lo que no es posible establecer sospecha alguna de afectación del ejercicio independiente de la función. 

Las potestades políticas de la Corte de Justicia de Salta han llevado a la tradición de mandato acotado en el tiempo. El mandato limitado de los jueces de la Corte debe sostenerse en nuestra Constitución. Lo que sí debe prohibirse es la posibilidad de nueva designación. Este mecanismo de reelección ha sido duramente cuestionado por los propios jueces. 

 En la acción popular de inconstitucionalidad, la Asociación de Jueces afirmó que el Poder Judicial no puede controlar a los otros poderes en tanto son ellos los que deciden la continuidad de los cargos de los miembros de la Corte, a la finalización de su mandato. En este sentido los jueces han reconocido estar sometidos a una presión indebida, afirmando que la sombra de la posibilidad de no renovación del mandato al cabo de los seis años, se cierne “sobre ellos como el hacha de un verdugo sobre el cuello de su víctima”. Con esas palabras los jueces afirman que la duda sobre la renovación de su mandato afecta el servicio de justicia y por lo tanto los derechos de los justiciables.

 Las palabras de los jueces obligan a los constituyentes a prohibir la posibilidad de que los magistrados de la Corte puedan ser reelegidos a la finalización de su mandato. Asimismo nos obliga a revisar la forma de designación, para asegurar que los jueces puedan sentirse libres de controlar a los otros poderes del Estado.

 
[1] CARO FIGUEROA, Luis (2028): Elementos para una Reforma Política en la Provincia de Salta. 2da Edición, Ed. Iruya.com
[2] CSJN, Schiffrin, Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa, 28 de marzo de 2017.