La primer testigo fue una profesional en Ciencias Económicas que trabaja como perito en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien realizó un informe contable sobre los movimientos de dinero en la firma comercial donde trabaja el imputado Cajal Gauffín, en relación a lo denominado “caja chica” y al sistema de recaudación que se realiza con el empleo de una empresa recaudadora de caudales.

La profesional señaló que su trabajo se realiza a partir de informes solicitados a la empresa y a la recaudadora, los que fueron respondidos por los responsables jurídicos. Destacó la insistencia con que debieron requerir los datos a la empleadora de Cajal Gauffín y la escasa información brindada.

Como conclusión del análisis, la perito señaló que había una libre disponibilidad de recursos en lo que se denomina “caja chica” y que se detectó una vulnerabilidad física en el sistema de recaudación a partir que los fondos pasaban de los cajeros al sistema gerencial.

Una psicóloga del CIF, que tuvo a su cargo entrevistar al imputado Vargas para confeccionar su informe psicológico, lo definió como poseedor de una personalidad con rasgos psicopáticos, caracterizada por su tendencia a la mendacidad, narcisista, falto de empatía y compromiso hacia el otro y con escaso control de su agresividad.

Definió su discurso como exculpatorio y a pregunta de la defensa del imputado, hizo lectura al pasaje de su entrevista, donde refiere desconocer el motivo de su detención y lo atribuyó al “haber estado parado ese día en la puerta” de la casa de la víctima en forma circunstancial.

También declaró un auxiliar forense del CIF, encargado de confeccionar el informe de entrega del cuerpo de la víctima.

Luego de las testimoniales el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando continuará la ronda de testigos.

Está previsto que el juicio finalice ente el viernes 21 y el miércoles 26 de mayo. Está a cargo de los jueces de la Sala VII, Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman (interino).

Cajal Gauffin y Vargas fueron imputados por el hecho sucedido el 27 de enero de 2017, cuando se encontró el cuerpo sin vida de Jimena Salas en el piso de la cocina comedor de su vivienda, ubicada en la localidad de Vaqueros.