La diputada nacional Alcira Figueroa advirtió que la Ley Nacional 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas vence en noviembre de este año y solo fueron relevadas el 50% de las etnias. 

Ante la situación, adelantó que la idea es establecer una prorroga y también buscan presentar una “ley de propiedad comunitaria para que se les vuelva la tierra a los habitantes originarios”.

Por su parte, el expresidente de la Sociedad Rural Argentina, Ignacio García del Río, cuestionó que después de 10 años de ley no se hayan concluido los relevamientos, mientras en otros casos no se hicieron de forma seria y por eso se generaron conflictos entre las propias comunidades.

Señaló que también se ha retaceado de forma tal los recursos para el mantenimiento, de modo tal que no se generó ningún beneficio.

En tanto el delegado del Defensor del Pueblo de la Nación, Félix González Bonorino, manifestó en referencia a la Ley de Relevamiento de Comunidades Originarias y el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se cumplieron y el presupuesto fue 10 veces menores.

La situación resulta grave después de lo que calificó como un “ecocidio”, al recordar que entre 1998 y 2006 durante la gobernación de Juan Carlos Romero, la tasa de desmonte era de 70 mil hectáreas por año, mientras en 2007 durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, se autorizaron desmontes en  475 mil hectáreas.   

Finalmente, el investigador del Conicet, Lucas Seghezzo, aclaró que no está en contra de la actividad agropecuaria, pero considera que el problema es que el modelo productivo que se pretende instalar y se aplicó, es centralizado porque concentra riqueza en pocas manos.