El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, sobre el que recae la responsabilidad de empujar el lápiz para lograr cumplir con la obligación impuesta por ley nacional, aseguró que se están construyendo consensos.  La Ley 26.331, de presupuestos mínimos de protección de bosques nativos, vigente desde 2007, obliga a que cada provincia actualice su ordenamiento territorial cada 5 años y en el caso de Salta el vencimiento se produjo en 2014. Desde entonces a la fecha se sucedió toda una gestión de gobierno, la última de Juan Manuel Urtubey, sin que se encare dicha tarea, poniendo a Salta en una situación de incumplimiento e infringiendo el principio de progresividad en materia ambiental.

En especial y eso se encargó de destacar Martín de los Ríos, profundizó el estado de pobreza y marginalidad de una amplia franja del territorio, potencialmente la más favorecida desde el punto de vista de recursos naturales. Desde que el Congreso puso su atención en los bosques nativos, depredados en la mayor parte del territorio, Salta sigue siendo la provincia con mayor superficie remanente pero también con una marcada tendencia a la pérdida de recursos forestales nativos.

Que se haya logrado sancionar una ley provincial en 2008 con el objetivo de promover el aprovechamiento racional, la conservación, el manejo sostenible y el desarrollo sustentable de los bosques nativos, armonizando el desarrollo económico social y ambiental de la provincia de Salta, en beneficio de las generaciones actuales y futuras, como señala el artículo 2° de la norma, no significó más de un década después que se concretara ese propósito. El Ministro de la Producción describió un corsé que condena a la pobreza a comunidades originarias y criollas, que no pudieron salir del cerco que las arrincona en pequeños parches de monte entre grandes extensiones productivas. 

El trabajo que se viene realizando desde el Ejecutivo es lograr el cambio de uso de suelo que permita la posibilidad de sembrar pastura para criar hacienda, que es una tarea sustentable ambientalmente para ese tipo de población, pero que por la ley vigente está prohibida.  De lo que se trata es determinar un ordenamiento territorial que, sin fanatismo preserve lo que hay que preservar y conserve lo que se deba conservar, dijo el ministro.

Lo que viene es previsible y de allí que se haya abierto un proceso de participación a las entidades intermedias que militan en un cuidado ambiental que pretende mantener inalterable el contexto, sin advertir que la degradación no se frena y la tala indiscriminada prospera por la falta de control. La consulta llegará a las comunidades que tratan de sostener prácticas ancestrales en un territorio con flora y fauna alterada y aguas contaminadas. También son consultados los organismos especializados como el INTA y universidades y sectores del gobierno nacional que trabaja en agricultura familiar.

Ese camino ya se ha recorrido desde el inicio de este siglo. Hay ley pero no fue eficiente a la hora de frenar las muertes y situaciones de desnutrición en niños indígenas, como consecuencia de los procesos de deforestación y el avance del modelo agropecuario dependiente de agroquímicos.

Y no hay acuerdos; solo intenciones. 

Salta, 20 de abril de 2021