Opinión04/12/2020

Intenciones

La semana cierra con definiciones importantes en materia de legislación electoral, que tienen una proyección que seguramente va a trascender el proceso que se desarrollará en el año entrante. La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la suspensión de las elecciones primarias y el Senado inició el tratamiento de una reforma a la ley orgánica de los partidos políticos para extremar las exigencias a la hora de crear agrupaciones municipales.

Que las PASO no se hayan eliminado generó un intenso debate que explicó que es una variable que no se ha desechado. Es lo que destacó el oficialismo al indicar que concurren a la decisión tomada razones políticas, financieras y sanitarias. La pandemia de coronavirus no demanda ser explicada, al igual que la necesidad de ajustar gastos por la crisis económica. Los factores políticos fueron los que dejaron el resquicio para postergar la definición del destino final de estas elecciones.

Planteadas como un mecanismo para incentivar la participación ciudadana en la política y, consecuentemente, fortalecer los partidos, tuvo un efecto contrario. A un poco más de una década de la ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral se alcanzaron parcialmente sus objetivos, a costa de debilitar a los partidos y fortalecer cúpulas que conducen los procesos internos de formulación de propuestas, relativizando el efecto de pronunciamientos electorales. Revertir ese proceso será el objeto de una próxima discusión sobre las primarias.

La sanción legislativa no menguó la facultad del Ejecutivo respecto de decisiones fundamentales. El Gobernador de la Provincia determinará si se unifican los comicios con los nacionales y si se mantiene la boleta única electrónica como mecanismo de votación. Entre ambas no hay vinculación; serán el resultado de la voluntad política de Gustavo Sáenz.

Con vistas al proceso de renovación legislativa de 2021, el Senado dio media sanción a una propuesta de modificación de la Ley Orgánica 6.042 de Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales. Precisamente apunta a regular la formación de estas últimas porque perturban los comicios y son, en realidad, estructuras vacías sin incidencia en la vida cívica de una sociedad.

La estructura partidaria provincial se integra por una treintena de entidades de carácter distrital; solo tres datan de 1983, cuando se levantó la veda política impuesta por la dictadura militar: la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista y el Renovador de Salta. En un poco más de treinta años decrecieron dando vida a formaciones menores, muchas de ellas de carácter municipal. 

Estás superan generosamente las 70 en todo el territorio y si se analiza quiénes son sus referentes y cuáles son sus pretensiones, no se encuentran razones que permitan suponer que se trata de entidades que superen las circunstancias que les dieron vida. Algunos de sus representantes son afiliados a partidos distritales y son apoderados de agrupaciones de diversos municipios. En sus nombres imponen objetivos que no expresan determinadas ideologías; a lo sumo, pueden ser carencias que se proponen superar: autonomía, federalismo, independencia, crecimiento, desarrollo, avance, progreso, compromiso, cambio, lealtad, fuerza, unión e integración, son palabras que se repiten.

La iniciativa aprobada por el Senado eleva significativamente el piso de afiliados, que deben mantener para conservar el reconocimiento. Y esa es solo una de las mayores exigencias.

Todo parece indicar que las reformas son virtuosas. Ojalá las intenciones que las movilizan también lo sean. 

Salta, 04 de diciembre de 2020

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