El informe ofrecido por el Ministerio Público Fiscal da cuenta de una situación de inusitada gravedad, que se pondera a partir de la publicación. Es que aborda una problemática que lleva muchos años de exposición sin que se haya tomado nota de alguna corrección.

Vale recordar uno de los casos más resonantes, que volvió a traer a la memoria la etapa de terrorismo de Estado desarrollada durante la última dictadura militar. Ocurrió en 2.011, en una comisaría de la ciudad de General Güemes y tuvo difusión porque en 2012 se viralizaron las imágenes de una sesión de torturas contra dos detenidos. El repudio social fue intenso y promovió otras denuncias, lo que impidió que el hecho quedara impune. Los cinco policías involucrados fueron condenados en 2016 y las penas de entre 10 y 12 años quedaron firmes en 2018. La historia judicial registra el juicio porque fue por torturas,  calificación que pese a sospecharse que en mucho tiempo fue una práctica habitual y extensa, no era aceptada como tal.

Con posterioridad a ese hecho, se creó en Salta el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que hasta el momento no resultó eficiente por la escasa importancia que le da el poder político a su funcionamiento. Es así que en mayo pasado, la  Mesa Provincial de Derechos Humanos pidió la intercesión del Procurador General para que se integre el Comité Provincial que prevé la ley 8024, sancionada en 2017. El grupo también destacó la necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia y denunció la sistematicidad del abuso en el que incurren los efectivos de la fuerza de seguridad, que se expresa especialmente en situaciones de represión a la protesta social y en desalojos y allanamientos sin orden judicial.

En agosto último se habilitó el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que opera en el marco de la Procuración y que ha permitido que la ciudadanía efectúe denuncias anónimas. El escaso tiempo de vigencia y el resultado obtenido configuran un cuadro preocupante.

Más allá de la eficiencia con la que se puede estar actuando, se destaca que se va corporizando en causas judiciales una demanda que se formulaba desde distintos grupos sociales. Uno de los casos que destaca el informe de la Fiscalía de Derechos Humanos es la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza. Otras causas también tuvieron en su oportunidad repercusión mediática y mostraron cierta matriz que hace pensar que no es una acción improvisada o producto de contingencias puntuales.

Mientras el Ministerio Público Fiscal aguarda que la Legislatura devuelva a la Fiscalía el nombre “de causas Policiales y Penitenciarias”, la sociedad espera que las autoridades de Seguridad expongan la política para solucionar el problema que muestra la judicialización del accionar policial.

Salta, 19 de noviembre de 2020