Impacto
Ni por cerca se tiene una dimensión acabada del impacto de la pandemia en la vida social, económica y hasta política del país y la Provincia. El ámbito que se observe da señales que, efectivamente, el Covid 19 se instaló para alterar su ordenamiento.
Una de las áreas que debió ajustarse a lo que los gobernantes gustan llamar la nueva normalidad es la de servicios esenciales, tanto en su prestación como en su organización. Uno de ellos, que no necesita mayores detalles para describir su alteración, es el de la educación; otro servicio es el del transporte masivo de pasajeros.
En el área metropolitana, la prestación de SAETA sumó otra decisión de emergencia a las que viene acumulando desde que en marzo pasado se decretó al aislamiento. Por Resolución 531 del Ministerio de Gobierno se dispuso prorrogar los contratos de servicio de transporte público de pasajeros en la Región Metropolitana de Salta, con las ocho empresas que actualmente prestan el servicio. La medida estará vigente desde del 1 de agosto pasado y por el plazo de un año o hasta tanto se adjudiquen las nuevas concesiones. En ese lapso SAETA debe realizar el correspondiente llamado a licitación pública.
La Sociedad Anónima de Transporte Automotor tiene 15 años de antigüedad e irrumpió como una solución a una caótica prestación, que afectaba severamente los derechos de usuarios. Su base fue el servicio de la Capital y se extendió al área metropolitana, creada por la misma ley 7322 que dio origen a SAETA y la Autoridad Metropolitana, que es el organismo que regula el sistema. Las ocho empresas que en 2005 operaban las líneas urbanas de Salta y sus alrededores fueron contratadas por un plazo ya prorrogado, que venció el 31 de julio último.
La cuarentena sorprendió a SAETA sin que haya concluido el trámite licitatorio que fuera ordenado en 2018, año de la prórroga y perturbó de manera incuestionable no solo la situación económico-financiera existente, sino también la regularidad en los procedimientos a llevarse a cabo para la convocatoria, según se expresa en la decisión de trasladar a un año su realización. Se indica en la norma que no se puede proyectar a futuro, ya que se debe definir una estructura acorde a la realidad existente.
La prestación en tiempos de coronavirus no permite establecer acabadamente cual sería la cantidad de kilómetros mensuales requeridos por el nuevo sistema o la cantidad de coches que necesita cada recorrido para cumplir su frecuencia, que actualmente demanda en conjuntos unas 600 unidades, requerimientos que resultan indispensables para la formulación de un nuevo contrato.
Es razonable aceptar que no hay registros actualizados válidos, que permitan obtener el costo del servicio sobre una base actual proyectada de un servicio prestado en condiciones normales. Además, hacer una extrapolación usando datos históricos para proyectar el servicio a futuro en un contexto actual de pandemia que afecta la actividad de una manera sin precedentes en la historia, convierte a cualquier escenario en poco probable e imprevisto, como se reconoce en sus considerandos la resolución de prórroga.
Anticipa el Gobierno Provincial que habrá que esperar mayores precisiones para tener un estudio económico, financiero y de costos, que permita encuadrar el sistema en un horizonte donde la red de transporte sea sustentable y los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente.
Es un sistema que mostró cierta eficiencia y deberá preservarse bajo un control atento de su manejo.
Salta, 03 de agosto de 2020
Te puede interesar
Debate
Crujió la estructura institucional pero el debate legislativo puso de relieve el origen de los ruidos, tanto a nivel provincial como nacional. En el primer caso fue durante el tratamiento de sendos proyectos que aprueban acuerdos entre Salta y Catamarca, destinados a salvar dificultades generadas en diferencias limítrofes. En el Congreso, Diputados postergó la votación de un proyecto de ley básico para atornillar principios que sostiene la política libertaria.
El valor de la salud y la educación en la sociedad
Nunca es deseable que la Justicia se involucre en la vida de las personas y las familias. A menos, claro, que se trate de casos extremos en los que efectivamente se precise un arbitraje judicial para resolver un conflicto que no encuentra salida por otra vía.
Disciplinamientos
El dinamismo aplastante de la política abre dos planos fundamentales este jueves de diciembre. La media sanción de Diputados al proyecto de Presupuesto 2026 dejó para el análisis el comportamiento de gobernadores, que jugaron un papel fundamental en esta decisión. Paralelamente, el Senado avanza en la modernización laboral, en la que distintos actores de la economía están ocupando la centralidad del debate.
Promesa
A punto de cerrar el año legislativo, surgieron señales promisorias de mejora del debate en la Provincia. La hegemonía oficialista le viene poniendo límites y restricciones porque la imposición del número no sólo se reflejaba en las votaciones sino en la oportunidad de la intervención en las discusiones.
Aspiración
Quedaron expuestos cuáles son los objetivos de la administración de Gustavo Sáenz para los dos años que le restan de mandato. Se aplicó la nueva ley de ministerios y la renovación consecuente fue una oportunidad para explicar cómo se actuará a fin de alcanzar sus propósitos. Resta informar detalles no menos significativos que tienen que ver con la obligada reducción de gasto público.
Reforma laboral y seguridad social: Una mirada desde el derecho previsional
El propósito de esta columna no es meramente expresar una opinión, sino informar y advertir sobre efectos jurídicos, previsionales y sociales que, de no ser revisados, pueden profundizar desigualdades ya existentes.