Por ser unos de los sectores más combativos de la administración comunal, los trabajadores de lo que ahora se ha constituido como Secretaría de Movilidad Ciudadana fueron protagonistas, desde diciembre pasado, de una sucesión de protestas para mejorar su situación laboral, desde el edificio a la consideración de una tarea que se lleva adelante con ciertas falencias. La inseguridad del tránsito en la ciudad más importante de la Provincia es una dolorosa realidad que se manifiesta en las luctuosas cifras de accidentes con los que cierra cada año.

No es que no haya sido una política pública de cada gobierno la intención de introducir un ordenamiento que haga más amigable la vida ciudadana. Uno de los puntos más altos fue la decisión, en su tercer turno de gobierno, del entonces intendente Miguel Isa de poner en marcha el Plan Integral de Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad Urbana Sustentable. El objetivo fue agilizar el flujo vehicular, hacerlo más seguro para peatones y conductores, disminuir los siniestros viales y lograr un tránsito más ordenado, mejorando así la calidad de vida de todos los salteños. Su cimiento era la Seguridad Vial, planteada como  política de Estado para modificar conductas sociales.

Fue un intento oneroso pero inútil. Su sucesor, el actual gobernador Gustavo Sáenz, estimó en 70 millones de pesos el costo de una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión municipal de Isa. Preveía la instalación de semáforos inteligentes, cinemómetros fijos y móviles, la elaboración de un Plan de Educación Vial, un Plan de Difusión y Concientización Ciudadana y la creación de un Observatorio de Tránsito y la Seguridad Vial. Solo se instrumentaron fotomultas, cuyo producido se lo llevó la Universidad Tecnológica Nacional junto con los aparatos instalados, incluyendo hasta los cables, se comentaba en 2016, cuando se abandonó un acuerdo inconveniente.

Hoy vuelve hablarse de un Plan de Movilidad urbana para la Ciudad de Salta orientado a renovar y refuncionalizar el micro y macro centro; consolidar las principales avenidas como corredores troncales de circulación, con carriles exclusivos y mejoras en su equipamiento urbano, previéndose asimismo incorporar como herramienta fundamental, tecnologías apropiadas. Un lugar destacado tendrá la Educación Vial, entendiéndola como la adquisición de conocimientos, valores, hábitos y competencias para la formación de ciudadanos responsables, con conciencia vial, fomentando el respeto a los demás, la cordialidad y el civismo, sembrando sensatez y alcanzando, en definitiva, el grado de madurez necesario que permita como comunidad, distinguir y controlar cualquier situación que entrañe riesgo, para nosotros mismos y para los demás. Esa tarea será la principal de los empleados del sector.

Es lo que expresa la Resolución 1 de la flamante Secretaría en la que se convirtió la devaluada Dirección de Tránsito. Y es la norma que ha llevado hasta la sede del Concejo Deliberante a un importante número de agentes, que rechazan la ratificación de un convenio entre los gobiernos de la Provincia y la Municipalidad que les quita la facultad de labrar actas de infracción a las normas de tránsito. Los concejales les dieron un apoyo con una resolución pidiendo la conformación de una mesa para acercar posiciones. 

Aunque no parezca, es una titánica tarea frente a un gobierno que no tiene en la capacidad de diálogo una virtud.

Salta, 04 de junio de 2020