El Senado quiere regular la redeterminación de precios en obras públicas por ley

La iniciativa es consecuencia de lo analizado por los senadores durante la última visita a la Legislatura del Presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Gustavo Carrizo. En esa oportunidad, explicó que la Nación adeuda al organismo 700 millones de pesos en concepto de certificados y redeterminaciones de obras, que debieron ser asumidas por la Provincia ante el retraso en las liquidaciones y para evitar su paralización; pero que cuya erogación provoca, hasta su recuperación, un desfinanciamiento en el organismo.

El proyecto aplica sobre los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 8072/18, tiene por objeto mantener el equilibrio de la ecuación económico financiera de los contratos de obras públicas ante las fluctuaciones de precios que impactan en sus costos por efectos de la inflación.

Establece que los precios de los contratos, correspondientes a la obra faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados cuando los costos reflejen una variación. Ese porcentaje permanecerá vigente y será aplicable según se establezca.

Se establece también que los nuevos precios se determinarán ponderando ciertos factores según su incidencia en el precio total de la prestación como; el precio de los materiales y demás bienes incorporados a la obra; el costo de mano de obra y todo otro elemento que resulte significativo.

También se fija que los precios de los contratos se redeterminarán a partir del mes en que los costos hayan tenido una variación promedio que superen los límites del mismo siendo los precios o índices de referencia a utilizar los informados por organismos especializados.

En sus fundamentos el proyecto establece que, “surge la necesidad de efectuar adecuaciones al régimen a fin de continuar impulsando la transparencia en el cálculo  de redeterminaciones de precios por variaciones de costos; debiéndose contemplar mecanismos para resolver los efectos que provocan las fluctuaciones de precios que impactan en los costos”.

La iniciativa recibió el aval de 15 legisladores y fue girada para su análisis a las Comisiones de Obras Públicas  e Industria, Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional y Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto.