Al municipal, el Concejo Deliberante demanda el espacio para el cogobierno, según la peculiar visión de su titular. El nacional se lleva la peor parte; en medio de una fenomenal crisis económica y social, los oportunistas tratan de sacar ventajas de una supuesta debilidad de gestión y negociación.

La del lunes fue una jornada difícil luego que se conociera que el Gobierno pagaría hasta un 62% más que los precios máximos en alimentos para distribuir en barrios. Fueron compras de emergencia y los proveedores no quisieron cobrar menos, reconoció el titular de la cartera responsable de la adquisición destinada a una población vulnerable. Pero no se pagarán porque así lo resolvió el Presidente de la Nación.

Este incidente se explica en el marco de una emergencia declarada a fin del año pasado, que es multifacética porque si bien reinstala el estado de excepción en materia económica, amplía la de carácter social no solo en el tiempo sino en la naturaleza de sus disposiciones, condicionada por la urgencia del hambre y la pobreza de amplias franjas poblacionales. Y a poco andar el primer tramo de la gestión de Alberto Fernández, ocupado desde su asunción en renegociar una abultada deuda pública, se instaló una emergencia sanitaria sin precedentes, que es de carácter mundial.

En esa cadena de calamidades no pasaron desapercibidas las compras millonarias de arroz, azúcar, aceite, lentejas y fideos a precios exorbitantes, reconocidos como tal por el propio Gobierno Nacional. Ello así pese a que aún está fresca la orden de la Secretaría de Comercio, retrotrayendo los precios de productos de la canasta básica alimentaria a los valores a los vigentes del 6 de marzo último.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que apeló a la emergencia para realizar las compras mediante contratación directa, sin sujeción al Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, porque permite agilizar las operaciones, a costa de la transparencia de los trámites. Fue necesaria la intervención directa del mandatario nacional para reimponer el orden alterado por maniobras de cartelización, de acuerdo a la expectativa presidencial o de corrupción por parte de miembros de un grupo político que volvía mejorado a ocupar funciones de gobierno. 

"No se va a pagar, y si alguno quiso hacer lo que no debía hacer, que se haga cargo. No tengo ninguna intención de apañar". Tal la expresión de un atribulado Presidente que, de todas maneras, no descartó que la maniobra sea producto de una deformación del mercado argentino, dominado por unas pocas empresas grandes que impiden la competencia y terminan imponiendo precios altos a los consumidores, que son los más perjudicados de toda esta historia.

La cartelización eligió esta vez como víctima al propio Estado, urgido por comprar para cumplir una de las pocas políticas que pudo diseñar desde su asunción, un poco más de cien días atrás. No pareciera difícil que se cumpla una regla básica que indica que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que él mismo fija. Pero estuvo a punto de suceder dando muestra de una debilidad institucional preocupante, porque los oferentes no aceptaron adecuarse a disposiciones que son generales y exigibles a cualquier ciudadano del país.

La necesidad y la urgencia estuvieron a punto de jugarle una mala pasada a un gobierno de crisis. Y también preocupa.

Salta, 07 de abril de 2020