Sin presupuesto para este año, sin acuerdo salarial con docentes a una semana del inicio de clases, sin asignación de partidas para acondicionar los establecimientos escolares, las familias están enfocadas en cubrir la lista de útiles requerida al cierre del año anterior. Allí hay un margen pequeño de apoyo desde el Ejecutivo, que ha promovido un acuerdo con el comercio y un banco para mejorar la oferta para aquellos que aún pueden usar su tarjeta de crédito.

Este panorama no es caprichoso. Hay fundadas razones para que los esfuerzos del Estado estén concentrados en la atención de una grave crisis social, que se complica por los rigores del clima en esta época de alta temperatura y humedad en exceso. Además, a la pobreza de cada vez más amplias franjas poblacionales se suma la certeza de las limitaciones financieras para su atención, que se van profundizando. 

En ese marco, impactó severamente la advertencia del ministro nacional de Salud, Ginés González García, de un posible pico de dengue para la primera quincena de marzo. Si bien buena parte del país puede ser afectado, especialmente el área fronteriza del norte es la más expuesta. Se ha confirmado su plena expansión en Paraguay, donde se estima que ya ha muerto medio centenar de personas y para el vector no hay fronteras.

Los salteños se han acostumbrado a convivir con esta amenaza y conocen las medidas de prevención pero sin una asistencia del Estado a través de sus diferentes estructuras, el riesgo se acrecienta. De allí que la queja de la diputada mandato cumplido de Orán Ramona Riquelme debe ser atendida con urgencia.  La trabajadora de la sanidad y dirigente social anunció que el sistema de salud no está preparado ni equipado ante la probabilidad de un brote de dengue porque faltan médicos, enfermeros e insumos.

La emergencia no ha significado un cambio significativo en la infraestructura sanitaria, según la apreciación de Riquelme, quien destacó que para el departamento de Orán, en el que el establecimiento cabecera es el Hospital San Vicente de Paul, representó por ahora la incorporación de dos médicos. Es razonable la demanda de una importante inversión, sobre la que no se ha informado todavía nada.

Vale recordar que para enfrentar esta emergencia, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la asignación de una partida de 3 mil millones de pesos, cifra que triplica el presupuesto anual  de municipios como San Ramón de la Nueva Orán o Tartagal que, por otra parte, son las ciudades más importantes de la Provincia, después de la Capital. Pero esos recursos deben cubrir, en primer lugar, la provisión de agua potable y alimentos. Además, se ha resuelto cubrir la urgencia de traslados de enfermos, por lo que se ha licitado la compra de más de 30 ambulancias. Es así que una de las actividades relevantes del mandatario provincial durante el pasado fin de semana fue la entrega de un vehículo equipado para el área operativa de Alto La Sierra.

A través del Ministro de Gobierno, que también lo es de Derechos Humanos, se reconoció que el sistema de salud está colapsado por el abandono del Estado y se cuestionó que en los últimos años sólo hayan pululado fundaciones. También se asumió el compromiso de identificar a los responsables de la crisis en el norte.

Pero primero hay que resolver la problemática para enfrentar las dificultades actuales y las previsibles.

Salta, 24 de febrero de 2020