Desde las fiscalías penales de Violencia Familiar y de Género adelantaron que de concretarse esta medida “se agravarían seriamente si se concretara la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial reduzca la cantidad de efectivos policiales afectados a las custodias de víctimas de violencia”.

“Los presentes destacaron el peligro real de una escalada de violencia agravada si se redujeran las custodias, tal como trascendió informalmente desde el Ministerio de Seguridad”, sostienen desde el Ministerio Público Fiscal.

Los fiscales de la especialidad, a través de la consejera Claudia Geria, propusieron la urgente implementación de un sistema que registre las notificaciones de las medidas cautelares dictadas por jueces de Violencia Familiar y de Género y jueces de Garantías, y plantearon la necesidad de contar con pulseras electrónicas y botones antipánico para el certero resguardo de las víctimas, además de la necesaria capacitación del personal policial, para que deriven correctamente las denuncias de violencia de género a las fiscalías especializadas en la materia y no a las fiscalías comunes.

Además, pidieron que se replique el esquema vigente entre el Ministerio Público Fiscal y el hospital San Bernardo, que permite que las víctimas de violencia que ingresan por guardia, sean asistidas en forma integral, y asesoradas también sobre la cuestión legal. 

Esto se debe a que en la zona sudeste se presentan complicaciones cada vez que una víctima acude al hospital Papa Francisco o los centros de salud cercanos, porque los profesionales que las atienden aducen que no son forenses y no emiten informes sobre el estado de salud de las víctimas. 

“Con ello, se pierden valiosas pruebas para los procesos de investigación y sanción de los violentos”, expresaron.

Finalmente, propusieron unificar criterios de valoración de riesgos de la víctima de todos los equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial, Poder Ejecutivo Provincial y Municipal y cualquier otra área vinculada con el abordaje de la violencia.