Nueva denuncia contra Sergio Chibán por irregularidades en el manejo de fondos públicos
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción.
Una nueva denuncia judicial apunta contra el presidente de la Agencia Provincial de Deportes, Sergio Chibán. La presentación apunta a una serie de delitos que van desde incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles, cohecho, tráfico de influencias, hasta evasión tributaria.
La acusación surge en el marco de un expediente que ya investiga a Chibán y a Marcos Milinkovic por violencia institucional, amenazas y coacción. En esta oportunidad, se amplían los hechos e incorpora supuestas irregularidades administrativas y financieras en la ejecución del proyecto Salta Vóley, que habría manejado sumas millonarias sin respaldo legal ni administrativo.
Según el escrito, Chibán reconoció en sede judicial que Milinkovic fue contratado de manera verbal y que, a pesar de no existir un acto administrativo, ya percibió al menos 20 millones de pesos del erario provincial. El propio funcionario admitió que el presupuesto total rondaba los 90 millones, de los cuales parte se destinaba a honorarios del exjugador y otra parte a un supuesto “fondo de inversión” para la competencia.
La denunciante cuestiona duramente esta maniobra, señalando que se trata de un mecanismo para “sacar dinero del Estado utilizando como pantalla a la Asociación Salteña de Voleibol”, de la cual Sánchez es presidenta. Ante su negativa a convalidar la operatoria, sostiene que fue intimidada y coaccionada en una reunión con Chibán, Milinkovic y la vicepresidenta de la Agencia de Deportes, Claudia Vázquez.
Otro de los puntos denunciados es la reactivación de la Federación Salteña de Voleibol, una entidad que llevaba 35 años inactiva. Según Sánchez, Chibán habría utilizado su influencia política para integrar a clubes de fútbol bajo su órbita y así disponer de una estructura paralela con la que canalizaría los fondos públicos, eludiendo los controles legales.
“Estamos en presencia de un verdadero concierto de funcionarios públicos que habilitan un circuito ilegal para manejar millones de pesos del Estado con fines financieros privados”, sostiene la denuncia.
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