Datos difusos y contradictorios le dieron cuerpo al drama de la pobreza y el abandono de larga data y uno de los últimos actos fue la creación de una mesa para la resolución de sus conflictos territoriales. A ese fin se firmó un acuerdo en Tucumán, en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad Interior. Lo suscribieron los ministros de Seguridad, Justicia y Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de los titulares del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y de la Administración de Parques Nacionales. Ningún gobernador, hasta ahora.

La flamante "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios" intervendrá en todo reclamo que incluya a las comunidades indígenas a fin de encontrar soluciones consensuadas y pacíficas. Su creación se impuso como consecuencia de la morosidad en el cumplimiento de la ley 26.160 -de emergencia territorial- sancionada a fines del año 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, una de las principales obligaciones que el Estado argentino ha contraído al reconocer los derechos de los pueblos originarios. Esta norma suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

Los escasos avances en el relevamiento territorial obligaron a sucesivas prórrogas de esta ley; la última lleva su vigencia hasta noviembre de 2021, fecha para la cual el Estado se comprometió a culminar los relevamientos técnico-jurídico-catastrales en todas las comunidades indígenas del país. Según información oficial, hay 1687 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena pero solo comenzó el proceso de relevamiento en 967 comunidades, esto es, apenas un 57% del total en 13 años de vigencia de la ley. Otro dato decepcionante es que solo un 38% de los relevamientos ha sido concluido.

Peor aún. Salta se encuentra entre las provincias que, con un fuerte componente de población indígena y en las que se han identificado tensiones sobre sus territorios, no tiene el relevamiento finalizado.

Ello ha llevado a que Amnesty International haya reclamado la conclusión de los trabajos, removiendo los obstáculos que impiden su avance y asignando los recursos necesarios para llevarlos adelante. También pidió que, en tanto, el Estado garantice la suspensión de los desalojos y disponga la participación de las comunidades indígenas en los relevamientos y el respeto por sus derechos y costumbres. También debe darse el último paso previo a la sanción de una ley de propiedad comunitaria indígena, que es la implementación de un mecanismo que garantice la titulación de los territorios originarios.

Al menos un millón de personas pertenecen a los más de treinta pueblos originarios que habitan la Argentina y la mayor parte padece la desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por la acción de productores y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras. Además se verifica la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre tierras habitadas o utilizadas por pueblos indígenas.

No hay nada por descubrir. Solo cumplir la manda constitucional de dar a los originarios lo suyo.

Salta, 14 de febrero de 2020