Es por ello que mientras en una zona de la provincia, centenares de festivos salteños y visitantes desenterraban el Carnaval, en otra se enterraban niños desnutridos. No es que desde hoy se va a recibir un plástico para reforzar la asistencia que ya presta el Estado a una parte desfavorecida de la población sino que la firma del acuerdo significa que ambos niveles de gobierno trabajarán en conjunto para hacer ya las cosas, según dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

Serán 65 mil tarjetas Alimentar en toda la provincia, con un monto de 4 mil pesos cada una. Se distribuirá en febrero y a partir de marzo podrá usarse a través del celular, según la información oficial. Ello advierte que será un núcleo urbano bien servido el que accederá en un comienzo, cuando los que mueren de hambre son los niños de otros grupos.

Pero hay que empezar y para eso puede haber servido la visita que Arroyo y el gobernador Sáenz realizaron a algunos parajes de Santa Victoria Este. Hay ciudadanos, aunque indocumentados, que necesitan que les aseguren que sus problemas serán tratados.  Después podrán pedir que, además, se los resuelvan.

No sólo hay hambre. El ministro nacional verificó la falta de agua, la contaminación del líquido que se consume, además que existe un problema estructural. Está claro que hay problemas de agua, agua contaminada  y todo esto genera problemas en los chicos.

De todas maneras, no hay certificado de defunción que diga que un niño murió de hambre. Falla multiorgánica, shock séptico con punto de partida gastrointestinal, deshidratación, fallas cardiacas, son las razones que se dan, quizás por precisión médica o para no engordar las estadísticas de la desnutrición. 

El mismo gobernador que cerró su ciclo de doce años insistiendo en que redujo en casi cinco puntos la mortalidad infantil, dejándola a dos puntos de la media nacional, es el que explicó la desnutrición de los chicos en cuestiones culturales y su fallecimiento, en la resistencia a incorporar conductas de control de salud, por una enorme desconfianza en el sistema. También reconoció barreras que complican la asistencia social a las comunidades indígenas., especialmente el idioma, ya que muchos aborígenes que habitan en Salta, no hablan español. Su antecesor fue más expeditivo y eliminó cualquier referencia que emparente la muerte de un niño al hambre y a la desnutrición.

Los nuevos gobernantes no son responsables –todavía- de las condiciones paupérrimas en que viven miles de salteños, con necesidades básicas insatisfechas e inmersos en la indigencia; mucho menos deben hacerse cargo –por ahora- de muertes de niños debieran ser evitables.

Pero ya han intervenido y dieron por cierto que hay hambre en Argentina y  no puede haber y decidieron que debe priorizarse a los más chicos. Un tercer compromiso es el de trabajar articuladamente para resolver los problemas estructurales.

Nada nuevo ni bueno.

Salta, 13 de enero de 2020