Dato

El capítulo fiscal de la reforma laboral, las paritarias del sector público, los acuerdos del gobierno nacional para asegurar la prioridad de los Estados Unidos en el negocio de minerales críticos, los efectos de intensas precipitaciones e inundaciones en la producción y en la población en distintos puntos de la provincia y hasta las internas del justicialismo con vistas a las elecciones de 2027, configuran un complejo entramado de frentes de acción que debe afrontar el gobernador Gustavo Sáenz. El margen de error es estrecho y una mala decisión puede convertirlo en la tormenta perfecta.

Febrero se siente como un mes corto pero atravesarlo es difícil. Especialmente cuando contiene -tal como coinciden los analistas- elementos que fueron introducidos por la gestión libertaria nacional. A la incipiente normalización de todas las actividades, ha sumado un período extraordinario de sesiones del Congreso para el inicio del debate de reformas estructurales, que deben ordenar las situaciones que están dando mayor cuerpo a la decisión de cambiar estructuras desde sus cimientos. 

A mitad de camino está la discusión sobre el modelo industrial argentino, desarrollado al amparo del proteccionismo del Estado pero que no forma parte de la negociación del paquete de proyectos de ley que pretende la administración de Javier Milei que se apruebe este año. Esta semana se dará lo que el politólogo Carlos Fara califica como la verdadera prueba política para la gestión de La Libertad Avanza, que es  la reformque el miércoles 11 buscará la media sanción del Senado. 

No es el cuerpo de medidas de estricta naturaleza laboral la que le preocupa al gobierno nacional. Hay consenso en que debe modificarse un entramado legislativo que no contempla la realidad de los trabajadores y excluye a la mitad de la población económicamente activa. La CGT dejó de lado su principal herramienta -la huelga general- y optó por una movilización para recordarles a los parlamentarios que hay derechos que deben sostenerse, a sabiendas que hay prácticas aceptadas por los trabajadores que deben ser incluídas en un nuevo orden laboral. El problema que inquietó a los libertarios en la negociación que se lleva adelante desde diciembre son las tensiones fiscales con las provincias, ante el intento de afectar sus ingresos para financiar la modernización laboral.

Es en ese ámbito en que el protagonismo de los gobernadores resulta notorio y ante la inminencia del tratamiento del polémico proyecto de ley, no se ha constituido un frente de los 23 mandatarios y el Jefe de Gobierno porteño; pareciera que cada cual optó por llevar agua para su propio molino. En ese orden, del gobernador Sáenz se sabe que insiste en sus demandas de obras públicas para poner el voto positivo de sus legisladores y sostiene -al igual que sus pares- el rechazo a que se reduzca la bolsa coparticipable.  

Esta semana, se iniciarán las negociaciones colectivas en Salta, para fijar la política salarial para 2026. Y no se llega de la mejor manera, como lo reconoció la Ministra de Educación, al señalar que hay un escenario fiscal ajustado, situación que condiciona inevitablemente cualquier negociación con los gremios estatales. Dado que el docente es el sector que debe acordar en primer término para asegurar el inicio del período lectivo, se ha ratificado en lo discursivo que se ofrecerán incrementos que resulten significativos sin desatender las limitaciones presupuestarias de la Provincia.

Como sea,  la estructura gremial asumió su relativa debilidad para conducir a los trabajadores a medidas de fuerza extremas, atento a que la preservación de fuentes de trabajo se ha convertido en una prioridad. Y ese es un dato que los gobernantes no ignoran.

Salta, 09 de febrero de 2026