Si efectivamente así fuera, bastaría un decreto firmado por quien necesita imponer un modelo de organización interna para cumplir las funciones que le asigna la Constitución al Ejecutivo Provincial. No es el caso; en su Artículo 147 taxativamente determina que una ley, cuya iniciativa corresponde al Poder Ejecutivo, determina el número de ministros y secretarios de estado, sus competencias y atribuciones. Son ellos los que llevan adelante el despacho de los asuntos de la Provincia refrendando los actos del Gobernador, sin cuyo requisito carecen de validez.

Es la Constitución y no la graciosa decisión del Gobernador de turno la que determina que es la Legislatura la que debe intervenir en el armado del gabinete como así también en la aprobación del Presupuesto General de la Provincia, sin el cual no habría acción posible desde el Ejecutivo. Esa intervención no es superficial ni periférica en ningún caso porque es la Legislatura la que, como dice la Constitución, la que hace efectivas las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia.

Y es en ese ámbito donde concurren todos los actores de la democracia, que se expresan en dos términos: oficialismo y oposición. Si no conviven no hay democracia, dice la academia. De allí que poco se entiende en estos días los esfuerzos de distintos sectores políticos por encarnar al primero, escudándose en la necesidad de no entorpecer la acción del Gobierno en tiempos de crisis. La mirada de los especialistas y los pensadores es otra: Ortega y Gasset decía que se debe gobernar con la oposición y no a pesar de ella.

Así como la coalición de partidos que obtiene la mayoría en las elecciones tiene todo el derecho a desarrollar su plan de gobierno, los partidos minoritarios tienen derecho a criticar los programas y las decisiones oficiales y a plantear alternativas. Y esa circunstancia no significa para nada que se pone en riego el sistema democrático; al contrario, a las mejores decisiones se llega por la deliberación, no por la imposición. El unanimismo es un paso hacia el autoritarismo mientras que en democracia, gobierna la mayoría con el concurso de las minorías.

En la ciudadanía debe desarrollarse una plena conciencia de que la vigencia de un régimen democrático exige la existencia de uno o más partidos políticos de oposición, que no sólo pretendan el poder que otro ocupa, sino que participen de las soluciones políticas a demandas sociales, como una expresión del pluralismo y de la convivencia en el disenso, que es a lo que manda la democracia. 

Es necesario que a los gobiernos se le impongan límites y esa es la tarea de los representantes del pueblo, no la de amontonarse alrededor de la figura de un líder circunstancial.  La oposición es imprescindible y debe funcionar como contestataria, no de la democracia sino del gobernante de turno, dentro del sistema del Estado y sostenida por ideas válidas de la sociedad política.

La democracia necesita demócratas, no amanuenses. 

Salta, 05 de diciembre de 2019