La Justicia revisará otra vez la causa de la muerte de Santiago Maldonado

Maldonado murió el 1° de agosto de 2017 ahogado en el Río Chubut mientras huía de la Gendarmería Nacional que lo perseguía junto a un grupo de mapuches por estar cortando una ruta en el sur de la provincia. El kirchnerismo acusó al gobierno de Mauricio Macri durante la campaña electoral por los comicios de medio término de haber secuestrado, desaparecido y asesinado a Maldonado. Sin embargo, la Justicia halló el cuerpo y determinó que no hubo ni torturas ni desaparición forzada, sino que el joven artesano se ahogó.

Así lo resolvió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, quien cerró el caso y lo archivó a fines de noviembre de 2018. Los familiares de Maldonado nunca estuvieron conformes con esta resolución y apoyados por organismos de derechos humanos recurrieron el fallo.

En septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió reabrir el caso y ordenó que se realicen una serie de medidas de prueba para determinar las condiciones precisas en las que se produjo la muerte de Maldonado.

Los jueces dijeron que además se debía ahondar en la hipótesis de que hubiera existido el posible delito de abandono de personas. Es decir, que nadie haya ayudado a Maldonado a salir del agua helada.

La familia Maldonado insistió y fue a la Cámara de Casación Penal porque dicen que no es posible que se haya desestimado el delito de homicidio doloso o la desaparición forzada de personas. Reclamaron porque solo se haya mandado a investigar a los gendarmes por abandono de persona.

Los familiares de Maldonado estarán acompañados en la querella por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

También estará la defensa del gendarme Emanuel Echazú que fue sobreseído en primera instancia. Pero la Cámara de Comodoro Rivadavia revocó ese sobreseimiento, por lo que apeló ante la Casación.

Los jueces de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo escucharán las razones de Echazú para volver a ser sobreseído y de los familiares para decidir si dejan el asunto como está o reabren la posibilidad del delito de desaparición forzada de personas.

La audiencia fue convocada el 4 de diciembre, seis días antes de que asuman Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el Gobierno. Los jueces prevén que el asunto concitará el interés de la opinión pública y de organizaciones sociales y políticas por lo que dispusieron que la audiencia pública se realice en la sala de audiencias del juicio por la AMIA, con dos bandejas para ubicar al público y gran espacio para los abogados.