Policías retirados y penitenciarios de Salta avanzan con un anteproyecto previsional
Los policías retirados de Salta y personal del Servicio Penitenciario avanzan con un anteproyecto de ley para revisar aspectos centrales de su régimen previsional, entre ellos la compatibilidad laboral, los aportes posteriores al retiro y el acceso a una jubilación nacional.
La abogada previsional Julia Toyos analizó la iniciativa y realizó observaciones técnicas para que el proyecto pueda ser viable ante ANSES y la Legislatura provincial.
“Lo hice a conciencia para proteger el proyecto y que sea viable”, sostuvo Toyos, quien recibió mensajes de agradecimiento de retirados de ambas fuerzas por su aporte al anteproyecto, en su columna de Pelo y Barba por Aries.
La especialista explicó que el régimen de la Policía provincial no fue transferido como el resto de los sistemas jubilatorios en 1996, aunque existe un convenio con ANSES que debe ser respetado. Por eso, remarcó que cualquier modificación debe hacerse sin afectar ese marco legal.
Uno de los principales reclamos está vinculado a los efectivos que, además de pertenecer a la fuerza, trabajaron en otros ámbitos y realizaron aportes al régimen nacional. Según Toyos, muchos casos terminan judicializados porque ANSES rechaza incorporar esos servicios al haber previsional.
“ANSES confunde el concepto de retirado con el de jubilado”, advirtió.
La abogada explicó que un policía retirado continúa a disposición de la fuerza, a diferencia de una persona jubilada. Por eso, consideró que no corresponde aplicar el mismo criterio de “beneficio único” cuando el trabajador aportó también en otra actividad.
“Trabajaron en dos lugares, aportaron en dos lugares y necesitan que su haber previsional refleje ese esfuerzo contributivo”, señaló.
Toyos también planteó que debe discutirse la edad de retiro, ya que muchos efectivos se retiran siendo todavía jóvenes. “Algunos se retiran muy jóvenes y eso afecta el proyecto de vida”, indicó.
La especialista sostuvo que el debate debe darse con responsabilidad técnica, para evitar que una eventual reforma sea rechazada o genere nuevos conflictos judiciales.