Opinión24/04/2026

Decisiones

Con un avance que puso a la reforma electoral provincial a punto de su sanción, cierra una semana en la que también se conoció el proyecto nacional con similar objetivo. 

Con un avance que puso a la reforma electoral provincial a punto de su sanción, cierra una semana en la que también se conoció el proyecto nacional con similar objetivo. Se trata de cambiar las reglas de juego que rigen los comicios, propósito que es centro de apoyos y cuestionamientos.

En el debate que el proyecto generó en la Legislatura salteña se hizo hincapié en la necesidad de asegurar la participación ciudadana para mejorar la representatividad. El oficialismo- autor de la iniciativa- ponderó la accesibilidad a la cobertura de cargos electivos, incluso de partidos minoritarios, mediante la reducción del piso para ser considerados en el reparto de los votos. La oposición cargó contra la intención, destacando que la apertura es en realidad un intento del gobierno de asegurar su mayoría mediante un sistema que replica la llamada ley de lemas, derogada en la primera década de este siglo.

Mientras se discutía en esos términos en el recinto de la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei anticipó por sus redes que se aprestaba a girar al Congreso su proyecto de reforma electoral. Ello ocurrió el pasado miércoles y sus disposiciones muestran que sus objetivos apuntan a debilitar a la oposición imponiendo disposiciones que alteran prácticas tradicionales. En síntesis, responde a sus intereses en similar postura que su partido cuestionó al saencismo en Salta y que en algunos aspectos transita por el mismo camino.

La iniciativa libertaria propone eliminar las PASO, que se celebraron ininterrumpidamente desde las elecciones de 2011 hasta 2023 y en 2025 fueron suspendidas por el Congreso, sin llegar a eliminarlas. Ese paso fue dado en esta provincia en 2023 y para cubrir su ausencia es que se encara la reforma en trámite.

Otra propuesta al Congreso es la incorporación del criterio de Ficha Limpia, que impide que las personas con condena confirmada en segunda instancia sean candidatas. En este punto cabe señalar que esa intención se frustró en 2025 a instancias del mismo sector que ahora la rescata. El proyecto actual también desregula el financiamiento de campañas, eliminando los aportes del Estado, quita límites de gastos y aumenta el tope de aportes de privados; propone eliminar el debate presidencial obligatorio, establecido en 2016 y realizado en las elecciones de 2019 y 2023 y modifica la Boleta Única Papel, permitiendo el voto a lista completa.

La reforma electoral, sea la provincial o la nacional, no aparece como una demanda ciudadana en los tiempos que corren. Ello no quita que se trata de iniciativas de trascendencia institucional, cuyos resultados se observan después de cada comicio. Por ahora, el debate no ha salido de los límites de la dirigencia política.

El recinto legislativo contuvo parte del intercambio de opiniones y ya se expresó en una votación categóricamente favorable en Diputados, por el peso del oficialismo más que por la profundidad de los argumentos. El resto del análisis transcurre a través de los medios de comunicación, donde tienen oportunidad de opinar incluso los sectores que no tienen representación parlamentaria.

El parche debe seguir batiéndose para que la ciudadanía tome nota de lo que se está decidiendo, cuya aplicación empezará en las elecciones de 2027. “Es una ley de participación democrática donde el más votado gana”, afirmó  el Jefe de Gabinete del gobierno de Gustavo Sáenz. En Cara a Cara, el programa televisivo decano del periodismo político, Sergio Camacho aseguró que la reforma apunta a ordenar el sistema y limitar el accionar de partidos de escasa inserción social pero que aseguran porciones de poder político a quienes los mantienen, como moneda de negociación.

En el mismo espacio se oyó una voz opositora que reconoció que el esquema que resulte no será ilegal. Sin embargo, el diputado José Gauffin -miembro del flamante Partido Reconquista- alertó sobre el retroceso en materia institucional que representa, al no garantizar claridad ni transparencia para quienes emiten su voto.

Son las cuestiones que deben analizar quienes, en un breve tiempo, serán nuevamente convocados  a erigirse en electores. La calidad de la democracia la aseguran ciudadanos convencidos de sus propias opciones.

Salta, 24 de abril de 2026

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