Polarización

Desde el momento mismo de su presentación, se estimó que el proyecto no iba a tener obstáculos porque la autoría era del bloque Todos por Salta, que es la expresión más acabada del sector que responde al gobernador Gustavo Sáenz y cuenta con mayoría propia para imponer sus iniciativas. Pese a ello dio lugar a una extenso debate que no logró lo que se espera de un intercambio de ideas y de la exposición debidamente fundada de posiciones; nadie convenció al oponente ni cambió su propia apreciación de la cuestión en análisis. 

El proyecto de ley en cuestión, llamada de Participación Democrática, tiene como objetivo -según sus autores- cubrir el vacío que dejó la eliminación de las primarias y ordenar la formulación de una oferta electoral que evite exclusiones en la interna de frente o alianzas que participen de un proceso electoral. También es aplicable para que la misma facilitación tenga un partido que concurra solo a los comicios. 

Muy lejos quedaron aquellos tiempos en que se aplicaba la carta orgánica de cada partido, que contenía las previsiones para ordenar esa participación preservando su unidad y tratando de contener a sus diferentes líneas internas. Los nuevos armados, que posibilitan que se concreten uniones transitorias con el solo objetivo de concurrir a las urnas con ciertas posibilidades de cubrir cargos electivos, obligan a imposiciones normativas más abarcativas. Se establecen condiciones y requisitos que supuestamente aseguran participación ciudadana, sin que se resientan los liderazgos que se van construyendo con la práctica de la democracia.

Esos objetivos son los que se discutieron durante casi cinco horas, en un debate que avanzó bajo la sospecha de opositores de que era una propuesta que apuntaba sólo a favorecer al oficialismo. Desde este sector se explicaba que era una demanda de la ciudadanía, que es convocada cada dos años a cumplir con la obligación de elegir a sus gobernantes y que también tiene derecho a ser elegida. Con la propuesta en tratamiento legislativo se estarían resolviendo muchos problemas que alejan a la sociedad de la política.

Ello así en tanto -según los mentores de la reforma- no se intente reducir los gastos de la política abandonando la boleta única electrónica ni armar propuestas que tengan más de dos listas de candidatos a concejales por cada candidato a intendente o cuatro a legislador provincial, detrás de una fórmula para el Ejecutivo. Además, deben representar estructuras territoriales amplias. Seguramente la demanda ciudadana no tiene en claro las ventajas o desventajas de ese ordenamiento y es más modesta en orden a conocer propuestas claras de acción gubernativa.

Es la dirigencia política la que le debe garantizar esa transparencia para hacer honor a la representatividad de la voluntad del elector que sale a buscar. Y es en ese punto donde las posiciones se endurecen y configuran una polarización que es reconocida por quienes se atrincheran en sus espacios.
Pero también es caracterizada por quienes se dedican, desde la academia, a analizar los procesos sociales.

Hay un reconocimiento mayoritario de los especialistas respecto de la creciente dificultad para que la política argentina construya consensos que permitan aportar soluciones a los problemas que atraviesan los distintos sectores y actividades sociales, económicas y culturales, como así también las diferentes regiones que integran el variado territorio nacional. De esos análisis surgió el concepto de “incivilidad de las élites políticas”, que promueven la confrontación más que el acuerdo y estimulan la fragmentación incluso a través de la violencia. No se permiten aceptar del oponente ninguna razón, frustrando esfuerzos constructivos para la sociedad.

Fue promisorio que, por lo menos, la ley de Participación Democrática -o de Lemas- haya promovido un debate. Debe esperarse que no se convierta en un diálogo de sordos.

Salta, 22 de abril de 2026