Prórroga

Desde que en 2014 se declaró tal emergencia, por sexta vez se dispuso su prórroga y se planteó la necesidad de reforzar las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento. Aunque no se profundizó en su impacto, en el debate parlamentario no se dejó de lado la preocupación por la drástica reducción de los recursos nacionales destinados a sostener las políticas en la materia. Desde 2023, los recortes en las partidas destinadas a ese fin y la eliminación del enfoque de Presupuesto con Perspectiva de Género, significaron una reducción del 89% de la disponibilidad de fondos.

La ley que dispone la emergencia que se amplió por dos años más es la 7.857. Dispone la creación de los Juzgados de Violencia Familiar y de Género en distintos distritos judiciales; asimismo, se crea un cargo de Fiscal Penal de Violencia de Género y una Unidad de Evaluación de Riesgo interdisciplinaria en el ámbito del Ministerio Público. Originalmente fue un Decreto de Necesidad y Urgencia, que se sancionó en septiembre de 2014 para enfrentar una crítica escalada de femicidios que posicionó a Salta como la provincia con las tasas más altas de criminalidad contra las mujeres a nivel nacional. 

El tiempo transcurrido desde entonces no fue suficiente para corregir una cuestión que sigue siendo una problemática que la sociedad salteña no logra resolver. La ley, cuya disposiciones seguirán vigente por otros dos años si Diputados adopta el mismo criterio que la Cámara alta provincial, dispone realizar todas las acciones que considere necesarias para dar solución a la crítica situación. Además, habilita la incorporación de las partidas presupuestarias necesarias a tales efectos. Sin embargo se reconoce que se sigue  con parches y si bien hubo avances, la situación no está resuelta.

Dan cuerpo a esa crítica las cifras que describen el problema. Respecto de la situación de origen, las denuncias registradas en la Oficina de Violencia Familiar y de Género crecieron un 93% respecto de 2016. Actualmente, casi 3 de cada 10 denuncias en el Sistema Único de Denuncias corresponden a situaciones de violencia familiar o de género mientras que en la Unidad de Flagrancia este tipo de casos abarca un tercio de las intervenciones, ocurriendo casi un 40% de ellas durante el horario nocturno. 

El dato más preocupante de este panorama lo configura el  registro de femicidios en lo que va del año. Con siete hasta el pasado mes de agosto, ya se alcanzó la misma cifra que en todo 2025.

Algunos especialistas cuestionan la ley porque, a su juicio, no contiene medidas de fondo y muestra la necesidad de tener políticas públicas integrales. El hecho que se disponga una nueva prórroga demuestra que sus disposiciones no funcionaron.o son insuficientes. Es así que se proyecta que la asistencia prestada a mujeres vulnerables y vulneradas se incrementará en un 129% en el año en curso.

El sistema creado busca promover en la comunidad la construcción de una cultura pacífica y libre de violencia de género, fortaleciendo medidas de sensibilización para la prevención y eliminación de toda situación que afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal.. Hacen falta recursos pero también revisar dónde está la falla para que en más de una década se hayan logrado magros resultados.

Salta, 04 de septiembre de 2026