Sáenz advirtió que la falta de institucionalidad frena inversiones en el país
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió sobre el deterioro de la situación económica de las provincias y planteó la necesidad de discutir de fondo el régimen de coparticipación.
En Cara a Cara con Mario Ernesto Peña, sostuvo que el esquema actual está desactualizado y no responde a la realidad del país.
“Seguimos hablando de lo mismo desde el año 94 y no hacemos nada. Las provincias cada día están peor”, afirmó.
Inversiones condicionadas por la falta de estabilidad
El mandatario explicó que, si bien existen herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), los empresarios priorizan otro aspecto al momento de decidir desembolsos en el país.
Según indicó, durante reuniones con inversores en Estados Unidos, surgió una preocupación central: la falta de previsibilidad. “El problema no es la economía, es la institucionalidad”, sostuvo, al referirse a la incertidumbre sobre la continuidad de las reglas de juego.
Falta de confianza y reglas de juego inestables
Sáenz señaló que los inversores temen que los cambios de gobierno impliquen modificaciones en leyes o beneficios vigentes. En ese sentido, advirtió que la Argentina arrastra un problema histórico de inestabilidad institucional.
“Nos preguntan cómo saben que esto va a durar 30 años”, explicó, en relación a los beneficios del RIGI, y agregó que la falta de confianza afecta directamente la llegada de capitales.
Pedido de políticas de Estado
Frente a este escenario, el gobernador planteó la necesidad de acordar lineamientos básicos que se mantengan en el tiempo, más allá de los cambios políticos.
“Hay que establecer dos o tres políticas de Estado con cualquier gobierno”, indicó, y sostuvo que esa es la única forma de que el país recupere credibilidad a nivel internacional.
Salta busca diferenciarse
En contraste con el escenario nacional, Sáenz aseguró que Salta logró construir previsibilidad para atraer inversiones, especialmente en el sector minero.
Según afirmó, la provincia garantiza seguridad jurídica, reglas claras y promueve la participación de proveedores y trabajadores locales.