Crisis
Mientras usa los recursos que tiene a mano para conservar su autosuficiencia, demanda con más severidad a las instituciones que no dan respuestas.
Un rápido repaso de los hechos que llaman la atención pública dan muestra que el discurso político no refleja la realidad; al menos, no apunta a las preocupaciones cotidianas de quienes son mandantes, además de contribuyentes. El grupo demandante, además, es consumidor, categoría que lo lleva a manejar con precisión los datos de la situación económica.
Es así que en un relevamiento sobre los hábitos de consumo de los salteños confirma las severas dificultades que tienen los hogares para abastecerse de alimentos básicos. En el Mercado San Miguel, principal referente del abastecimiento de frutas y bebidas, los puesteros están comprobando que crece el número de personas que va por las sobras, ya que no pueden pagar su compra. Además, es sostenida la caída de las ventas porque quienes concurren al establecimiento ya no se abastecen por encima del consumo diario: hacen compras para un día, que se expresan en el fraccionamiento de las unidades.
Este cambio especialmente afecta a los adultos mayores y, lamentablemente, es un fenómeno creciente que golpea con dureza a uno de los grupos sociales más vulnerables.
Al dar cuenta de la significativa caída de las ventas en las últimas semanas, Juan Russo, presidente del Mercado Cofruthos, subrayó su aceleramiento ya que el descenso respecto del registro del fin del año anterior alabanza al 40%. A todas luces hay un marcado deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias.
La situación social se complica porque a este problema, que es el de base, se suman otras cuestiones como la restricción de servicios esenciales. Salud y educación están a la cabeza, no solo por la menor disponibilidad sino por dificultades que evidencia la prestación. Ello es el reflejo de una relación fiscal alterada entre Nación y Provincias.
Hay comunidades que asumen que la participación es la que posibilitará que lleguen soluciones a los problemas que las afecta colectivamente. Un ejemplo son los vecinos de La Silleta, un pueblo que no tiene jerarquía municipal y pretende alcanzarla para que sus aportes a través de las tasas vuelvan en obras y no queden en una caja distante, sobre cuya distribución no tienen injerencia. Mientras crecen sus carencias, buscan en la autonomía que La Silleta perdiera en 1964, la salida a la deficiente respuesta institucional que tienen actualmente.
Son intentos que apuntan al fondo y no a reparaciones circunstanciales, cuya ineficacia ya está probada. Allí también se juegan las organizaciones que luchan contra la violencia de género. Ante el preocupante número de femicidios, creciente en este primer trimestre del año, han puesto en tela de juicio la política provincial en la materia. Denunciaron fallas del Estado y una estructura gubernamental que no sirve para intervenir efectivamente en los casos que se denuncian ni para desarrollar acciones preventivas.
Hay un agotamiento de la tolerancia, especialmente cuando se entiende que hay una problemática que trasciende los límites provinciales. Se observa en el inicio de un plan de lucha de docentes y no docentes que paraliza las universidades, porque no solo es un reclamo salarial sino de defensa de los fines de estas instituciones, desde la investigación a las becas.
Otro sector que se moviliza es el de la pequeña y mediana empresa, que muestra una progresiva destrucción que incluye cierre de establecimientos. El jueves, las organizaciones que la representan protestarán ante el Congreso.
Esta crisis no excluye a nadie y la política debe entenderlo.
Salta, 17 de marzo de 2026