Fracaso
Es una fecha que nació y se reconoce aún como un grito colectivo que, bajo la consigna "¡Ni una menos!", tiene el propósito de visibilizar la violencia basada en el género y las desigualdades estructurales. En especial sus promotoras y participantes exigen políticas públicas eficientes para terminar con el drama de lo que se considera crímenes de odio. En Salta, el reclamo cobra una fuerza particular dado que desde setiembre de 2014 la provincia está en Emergencia Pública en Materia Social por la Violencia de Género en todo el territorio.
No solo se marcha. Se reclama desde distintas organizaciones mayor eficacia en la acción de los estamentos vinculados a la prevención, al control y a la disposición de medidas correctivas. Sin embargo, a once años del primer copamiento de las calles en distintos puntos del país, las cifras que se conocieron en las vísperas de la conmemoración de esta fecha no reflejan mejoras considerables. En lo que va de 2026 se relevaron 105 femicidios en todo el país; esto es, una muerte violenta cada 35 horas.
Mumalá, una organización que actúa en defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres, presentó un informe especial, elaborado por su observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”, que señala que desde el 3 de junio de 2015 al 30 de mayo de 2026, en Argentina fueron cometidos 3.096 femicidios. Salta aportó significativamente a esa cifra y exhibe el dudoso mérito de tener la tasa de femicidios más alta del país, con 10 casos cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional de 7.
La Asociación Civil La Casa del Encuentro cargó las tintas sobre distintos aspectos que se vinculan con una problemática que no encontró una solución definitiva.Uno de ellos es que muchas víctimas de violencia de género fueron asesinadas pese a haber denunciado previamente a sus agresores. También se cuestiona la disposición de medidas que no han mostrado eficacia como las restricciones perimetrales o prohibiciones de acercamiento, las que son incumplidas por el 6% de los agresores, quienes mayoritariamente son parejas o ex parejas. De allí que la mayoría de los hechos ocurren en ámbitos cercanos a las víctimas, especialmente su propia vivienda, buena parte de las cuales son el hogar compartido con el agresor. No extraña entonces que en las marchas se demande el fortalecimiento de mecanismos de protección y acompañamiento para evitar que las denuncias queden sin respuestas efectivas.
La fecha invita a reflexionar acerca de los logros alcanzados en el camino recorrido desde la primera marcha en 2015. Allí se inscribe la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria de todas las personas que se desempeñen en la función pública en la temática de género y violencia contra las mujeres. Otra norma importante es la Ley Brisa, que estableció un régimen de reparación económica para hijos de víctimas de femicidios.
Pero el femicidio de Agostina Vega en Córdoba advierte que hay mucha tarea por realizar y no deben imponerse vallas, como la restricción de recursos dispuesta por el gobierno libertario o la flexibilización de la educación sexual integral.
“Nos matan el machismo y la pobreza. ¡Vivas, libres y sin miedo nos queremos!”, dice la consigna de este año. Los gobiernos, más allá de su ideología, deben reconocer que en esta materia están fracasando.
Salta, 03 de junio de 2026