Opinión02/12/2025

Cambios

Desde este miércoles, un renovado Concejo Deliberante asumirá la representación de los vecinos de la Capital. Es de esperar algunos cambios en la mirada sobre el ordenamiento normativo del principal municipio de la provincia y sobre el control de un Ejecutivo que ha logrado llegar a este momento con presupuesto y ordenanza tarifaria aprobados.

Cabe destacar que, por primera vez, se aplica una reforma parcial del cuerpo. La última reforma constitucional amplió a cuatro años el mandato de los ediles y las elecciones de medio tiempo tienen el mismo sentido para todos los cuerpos legislativos de la Provincia.

En la primera etapa de su administración, el intendente Emiliano Durand mantuvo una relación armónica con el Concejo, donde tenía una importante mayoría que no confrontó con los opositores, por lo que las Ordenanzas que se aprobaron generalmente tuvieron un acompañamiento importante, llegando en no pocos casos a la unanimidad. 

Sin embargo, una de las últimas sanciones va camino al veto. Lo anunció el propio titular del Ejecutivo, a través de las redes sociales, fundamentando la decisión que va a adoptar en razones de ordenamiento financiero. No va a destinar recursos para crear otro organismo en la estructura administrativa municipal porque debe atender otras prioridades, como es el desarrollo del plan de obras públicas aprobado a través de la Ordenanza presupuestaria.

El organismo en cuestión es la Guardia Urbana Municipal que, de acuerdo a lo aprobado por el cuerpo en su sesión del pasado miércoles, tiene  carácter civil, preventivo y disuasorio, sin funciones de represión del delito. Fue colocada bajo la dependencia de  la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, con el objetivo de promover la convivencia, prevención, seguridad urbana y el ordenamiento en espacios públicos. También contempla el funcionamiento del Centro de Monitoreo Urbano y la Red de Monitoreo Vecinal.

El debate que generó la aprobación de la iniciativa permitió conocer la intención de sus dos autores -ambos concejales oficialistas- quienes apuntaron a la seguridad, sosteniendo el uso adecuado de los espacios públicos. Hicieron referencia al incremento de situaciones de conflictividad social en toda la ciudad, lo que exige que se generen acciones que marquen el reencauzamiento de una convivencia social pacífica y ordenada, se dijo.

La línea vertebral de esta guardia urbana es la de facilitar la intervención del Estado, “elaborando políticas, invirtiendo recursos y haciéndolo con personas especializadas y con organismos e instituciones profesionales que entienden en la materia”, se señaló. Alcanzar ese propósito demanda una estructura compleja, que significa incorporar recursos humanos que debe ser capacitado, a la vez que determinar con precisión sus funciones. Y así quedó plasmado en el texto de la norma que, entre otras, destaca que deberá fomentar el respeto de las normas municipales y colaborar en la prevención de conflictos, con campañas educativas y de concientización ciudadana; además, debe coordinar acciones con organismos provinciales y nacionales.

Otros municipios del país ya tienen en marcha cuerpos de este tipo, para complementar las acciones de organismos de seguridad. Su necesidad fue ratificada por el propio jefe comunal, aunque esgrimió razones de oportunidad en un marco de escasez de recursos, por lo que anticipó que seguirá coordinando iniciativas con el área provincial.

A punto de comenzar otra etapa de gestión, con perspectivas de cambios en el funcionamiento del cuerpo deliberativo y con el próximo tratamiento de reformas de la Carta Orgánica, crecen las expectativas respecto de ampliar el debate político. Tal situación institucional debe promover también la participación vecinal para dar más legitimidad a la representación del Concejo Deliberante.

Salta, 02 de diciembre de 2025

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