Tartagal: imputan al exdiputado Cisneros por contrabando de granos, hay un prófugo

La Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal formalizó la investigación penal seguida contra un exdiputado provincial salteño Luis Gerónimo Cisneros y otros cinco imputados, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita que contrabandeó toneladas de granos con cartas de porte falsificadas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las imputaciones fueron realizadas por la titular de la mencionada sede fiscal descentralizada, la fiscal federal Lucía Orsetti, en una audiencia de formalización de la investigación realizada el viernes pasado ante la jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández.

Los seis acusados son el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado y todos quedaron imputados por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes, en grado de coautores.

Además, la fiscal solicitó la captura nacional e internacional de otro implicado, el empresario Pablo Emanuel Arequipa, que logró huir horas antes de iniciados los nueve allanamientos que se concretaron el miércoles pasado en inmuebles comerciales y casas particulares de las ciudades salteñas de Salvador Mazza y Tartagal, y en los que resultaron detenidos estos seis imputados.

En la misma audiencia, y también a pedido del MPF, la jueza dictó la prisión preventiva para cinco de los acusados: Cisneros, Pedraza, Dorado y los hermanos Toledo, en tanto que Arenas, encargado de uno de los depósitos allanados, quedó en libertad sujeto al cumplimiento de reglas de restricción.

Los allanamientos

La investigación de la fiscal federal Orsetti, se inició a partir de la denuncia radicada el 21 de agosto del año pasado por la administradora en Tartagal de la Dirección General de Aduanas (DGA), María Mabel Tolaba.

En la presentación del caso, la fiscal explicó que además de los allanamientos en los que se produjeron las detenciones, se sumó un procedimiento de control realizado sobre la ruta 34, a la altura del puesto de control sobre el río Caraparí, con intervención de distintas secciones de Gendarmería Nacional, fuerza que también colaboró con las tareas de campo e inteligencia del caso.

Los procedimientos -según dijo- se realizaron en la tarde del miércoles pasado, tras comprobarse irregularidades en las cartas de porte con las que se pretendía dar fe del transporte de poco más de 10 toneladas de granos, entre soja y maíz, en tres camiones con acoplado, marcas Scania, Volvo y Mercedes Benz, los que eran conducidos por los hermanos Toledo y un tercer chofer prófugo.

El secuestro de la mercadería mencionada, en tanto, se logró en dos inmuebles comerciales ubicados en Salvador Mazza y conocidos como Klum y Exeni. Según la investigación, se trata de dos predios utilizados por la organización que se encuentran prácticamente en la frontera, con la particularidad de que sus fondos desembocan en territorio boliviano.

Los granos incautados, ahora bajo interdicción de la DGA, fueron valuados en 69.240.106,90 pesos, cifra representativa del flujo de ganancia que los acusados -principalmente Cisneros, Arequipa y Pedraza- embolsaban mediante el uso de documentación adulterada.

Además de estos dos predios, y por pedido de la fiscalía, se allanaron otros siete inmuebles, entre ellos la sede de la empresa “LU.MA.CIS SRL”, propiedad del exdiputado provincial, quien fue detenido al presentarse en las instalaciones de la firma, tras tomar conocimiento de la medida judicial. También se allanó su vivienda particular, en la ciudad de Tartagal.

El resto de los procedimientos se realizaron en dos propiedades de Pedraza, en la empresa Sergesa SRL, en Salvador Mazza y propiedad de Arequipa, y en sus viviendas particulares, una en esa ciudad y otra en Tartagal.

En todos los casos, se procedió al secuestro de abundantes evidencias, armas , máquinas de contar billetes, equipos de comunicación y documentación variada, ligada a las cartas de porte adulteradas que las empresas solían confeccionar.

La fiscal mencionó que llamó la atención lo sucedido al momento de ingresar a la casa particular del prófugo. “Cuando el personal entró, estaba el aire acondicionado encendido, la comida sobre la mesa aún tibia, rastros de una fuga imprevista, de la cual se destaca el colchón todo tajeado, signos de que allí escondía sus ganancias”, explicó la Orsetti.

También remarcó el hallazgo de armas -una pistola 9 milímetros, una carabina con mira telescópica y cargadores-, en la empresa Sergesa SRL, ubicada en el paraje Sargento Alegre, a la altura del kilómetro 26 de la ruta 34, en Salvador Mazza, a metros de la frontera. También allí, la existencia de ocho silos construidos como pantalla de la actividad de la firma.

En realidad, los cargamentos de granos que llegaban en los camiones, siempre de madrugada, era traspasada a bolsas. Luego, en vehículos de menor porte, la mercadería salía de la empresa, para dar vuelta por una escuela vecina y, desde allí, pasar a territorio boliviano.

Cómo operaban

La fiscalía le atribuyó a los acusados el ejercicio de maniobras ilícitas vinculadas al contrabando de granos a gran escala, a través de la frontera norte salteña, entre Salvador Mazza y Pocitos, actividad ilegal de la cual no descarta incluso la posible comisión de lavado de activos.

De la estructura ilícita descripta, se sindica al prófugo Arequipa y a Cisneros, a través de sus respectivas empresas Sergesa SRL, Spray and Seeds Agroservice S.A.S, y LU.MA.CIS SRL, del exdiputado, como los líderes de esta organización delictiva.

En un escalón más bajo, en tanto, aparece Pedraza, en un rol crucial como gestor, coordinador y hasta representante oficial de las empresas, según explicó la fiscalía.

Según la hipótesis fiscal, los imputados trasladaban grandes volúmenes de granos hacia la frontera, en particular soja, trigo y maíz. Para ello, se valían de cartas de porte emitidas por titulares apócrifos a nombre de Arequipa o de la empresa de Cisneros. Así, burlaban el debido control aduanero y pasaban la mercancía a Bolivia de manera ilegal.

En una primera etapa, se coordinaba la documentación de transporte suficiente para iniciar el traslado, la que era modificada en el control ubicado en la localidad de Aguaray, gracias a los oficios de Pedraza, entre otros implicados.

Luego se cambiaba el destino de la carga -redireccionándola a los depósitos Klum y Exeni-, y también el destinatario y empresa transportista. Asimismo, cambiaban el dominio del camión que realizaba el traslado por otro de un vehículo de menor porte -auto o camioneta- a fin de liberar ese transporte de la mercadería trasladada.

La fiscal destacó que la mayoría de los emisores de las cartas de porte utilizadas por las personas investigadas, se trataba de personas de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas.

En función de ello, se presume que eran dados de alta al solo efectos de emitir documentación de respaldo para el traslado de granos a lo largo y ancho del país -facturas, remitos y cartas de porte- siendo utilizados para que, luego de que la mercadería arribara a la zona de frontera, en la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), figure como un transporte de mercadería efectuado bajo la modalidad planta a planta a fin de evadir las cargas tributarias pertinentes y evitar la trazabilidad de la mercadería, lo que facilitaba luego su contrabando a Bolivia.

En ese marco, La fiscal indicó que, a partir de los informes de la Dirección General Impositiva (DGI) de la ARCA, surge que, entre junio de 2022 y enero de 2024, Arequipa aparece como destinatario de un total de 15.599.962 kilogramos de granos , con destino registrado a nombre de la firma LU.MA.CIS SRL, propiedad del exdiputado.

En vista de ello, para la fiscalía queda claro que Arequipa se encargaba de la compra del cereal de origen marginal, luego Pedraza gestionaba el cambio de las cartas de porte para que la mercadería que arribara a Salvador Mazza, pero ya no a nombre de sus empresas ni de LU.MA.CIS. SRL.

Los cambios se hacían para redireccionar las cargas a los depósitos comerciales de Klum o Exeni, sobre los cuales, en definitiva, también tenían dominio. Esto, según reveló, también fue advertido por la directora de Aduanas en una ampliación de denuncia del 30 de septiembre del año pasado.

Ganancias multimillonarias

La fiscal detalló algunas cifras de los montos facturados por las empresas de los investigados:

• Las empresas Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa S.R.L del prófugo Arequipa: facturó $1.418.351.259,65 durante el 2024.
• La empresa LU.MA.CIS. SRL del imputado Cisneros: facturó $44.990.220 entre mayo del 2023 y febrero del 2024, por un total de 119 comprobantes por servicios de rotura de granos de maíz y soja, tareas prestadas a Arequipa.

En virtud de estas sumas y nivel de operaciones, la fiscalía calificó el caso como de extrema gravedad, a la vez que recordó que tanto Arequipa como Cisneros, aparecen vinculados, ya sea de manera directa o indirecta, en otros 11 legajos de investigación penal abiertos en esa sede fiscal por documentación irregular de transporte de granos.
Destacó la tarea investigativa de la sede fiscal, del personal de Gendarmería Nacional, dado el grado de complejidad de las maniobras. Dicha labor, a partir de las nuevas evidencias incautadas, será aún mayor en los próximos meses, pues se debe analizar la gran cantidad de documentación secuestrada, como así también extraer información vital de los teléfonos retenidos.

Ante ello, solicitó la prisión preventiva de todos los acusados, dada la gravedad y naturaleza del hecho, el riesgo latente de fuga, dada la facilidad que cuentan los acusados para traspasar la frontera, lo que quedó de manifiesto con la fuga del empresario Arequipa. Asimismo, resaltó el peligro de entorpecimiento en el que podrían incurrir los imputados, en busca de ocultar a otros implicados o evitar que se descubran su participación en otras maniobras.