Trump pide a la Corte Suprema que le permita deportar a 300.000 venezolanos

Este viernes, el Gobierno de Trump instó a la Corte Suprema a retirar las protecciones contra la deportación que se habían concedido a unos 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos, y acusó a un tribunal inferior de cometer una “afrenta innecesaria” al fallar en sentido contrario.

El caso se refiere a la decisión tomada a principios de este año por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a una forma de ayuda humanitaria conocida como estatus de protección temporal (TPS) para los migrantes venezolanos.

Pero también plantea cuestiones más amplias sobre cómo los tribunales, incluida la Corte Suprema, están lidiando con el ritmo de apelaciones de emergencia que están siendo impulsadas por el segundo mandato de Trump.

La última apelación de última hora ante la Corte Suprema, la segunda que llegó este viernes, tocó un debate candente que se ha ido gestando dentro del poder judicial: cuánto valor precedente puede tener una orden vaga de la Corte Suprema, sobre el expediente de emergencia.

En mayo, a pesar de la disconformidad de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson, la Corte permitió a Trump proceder con la retirada de esas protecciones mientras el caso continuaba en los tribunales inferiores. A continuación, un juez federal de California dictó una nueva orden a favor de los venezolanos que demandaron la política de forma más permanente.

En su recurso de urgencia presentado este viernes ante la Corte Suprema, el Gobierno acusó al juez federal Edward Chen y al tribunal de Apelación del Noveno Circuito de adoptar una postura “indefendible” al bloquear una vez más la política del Gobierno.

“Mientras la orden del tribunal de distrito esté en vigor, la secretaria debe permitir que más de 300.000 ciudadanos venezolanos permanezcan en el país, a pesar de su razonada determinación de que hacerlo, incluso de forma temporal, es ‘contrario al interés nacional’”, escribió el Gobierno de Trump.

La orden inicial de la Corte Suprema en el caso no proporcionó ningún razonamiento para su fallo. El Gobierno de Trump argumentó que eso no importaba.

“Ya sea que esas órdenes ocupen una sola frase o muchas páginas, ignorarlas, como hicieron los tribunales inferiores en este caso, es inaceptable”, afirmó el Gobierno.

Varios jueces de tribunales inferiores han expresado su incertidumbre sobre cómo abordar los casos cuando la Corte Suprema proporciona poca o ninguna explicación sobre su agenda de tramitación rápida.

“No nos dicen nada”, dijo el juez federal de apelaciones James Wynn sobre la Corte Suprema durante una notable vista oral celebrada a principios de este mes en un caso sobre si el Departamento de Eficiencia Gubernamental puede acceder a los datos de la Seguridad Social.

El Gobierno de Biden concedió por primera vez el TPS a los venezolanos en marzo de 2021, alegando el aumento de la inestabilidad en el país, y lo amplió en 2023. Dos semanas antes de que Trump asumiera el cargo, el Gobierno de Biden renovó las protecciones por 18 meses más.

Los demandantes, migrantes venezolanos amparados por el TPS, alegaron que la repentina revocación de las protecciones por parte de Noem violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece procedimientos específicos para las agencias federales a la hora de implementar cambios en las políticas. También argumentaron que la decisión de Noem estaba motivada por prejuicios raciales y políticos.

Con información de CNN en español