Lobby tabacalero: Zapata usó la sesión para denunciar campaña de “desprestigio”
El legislador salteño reafirmó sus críticas contra la Ley del Tabaco, argumentando que no logró los objetivos de recaudación esperados. Sus declaraciones se producen durante una sesión clave que aborda el financiamiento universitario y otros temas sensibles.
El diputado Carlos Zapata de La Libertad Avanza planteó una nueva cuestión de privilegio, reiterando un tema que ya había expuesto el 21 de mayo de 2024. Su argumentación se centra en una presunta violación de su inmunidad parlamentaria, amparada en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que protege a los congresistas de ser molestados por sus expresiones.
Zapata consideró que el ataque y la campaña de desprestigio que sufrió como consecuencia de su posición sobre el capítulo del tabaco en la Ley Bases fue una colusión "tratando de coartar y accionar sobre mi voluntad". Esta nueva presentación se fundamenta en resoluciones judiciales de Comodoro Py y la Fiscalía de Salta que, en cuatro oportunidades, desestimaron las denuncias penales en su contra, lo cual, según el legislador, valida su actuar.
Zapata profundizó en su crítica a la Ley del Tabaco, calificándola de "mala" y señalando que no se lograron los objetivos que se plantearon en su momento. Específicamente, mencionó la falta de mejora en la recaudación nacional, la coparticipación y los ingresos de productores a través del Fondo Especial del Tabaco.
El diputado apuntó directamente a lo que denominó "el grupo de Lobbista" por promover medidas que, a su juicio, son ineficaces. Como ejemplo, citó la derogación del impuesto mínimo a una empresa y la generación del artículo 29 de la Ley 27742, que establece un margen de vacío del 20%, lo cual contradice otras normativas tributarias. En su exposición, Zapata aseguró que quienes diseñaron esta ley "deben haber estudiado derecho tributario en la Universidad de Tru-la-la".
El legislador de La Libertad Avanza pidió al presidente de la Cámara, Martín Menem, elevar la denuncia a la Comisión de Asuntos Constitucionales ya que considera que existe un delito oculto: el tráfico de influencias, tipificado en el artículo 256 B del Código Penal.
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