Constitucionalista cuestiona la “doble vara” de la Corte de Justicia
Por Aries, el abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta expresó una fuerte preocupación por la reciente decisión de la Corte de Justicia de Salta que desestimó sin tratamiento de fondo los amparos presentados por los jueces Gonzalo Mariño y Pfister Aráoz. Ambos magistrados cuestionaban la validez de la acordada que fija el cese automático de jueces al cumplir los 70 años, tras la reforma constitucional provincial de 2023.
“El rechazo in limine —es decir, sin ni siquiera analizar el fondo del planteo— representa un hecho de una gravedad institucional que no recuerdo haber visto en tantos años dedicándome al derecho constitucional”, sostuvo Aguirre Astigueta. A su entender, el accionar del máximo tribunal provincial vulnera el principio de igualdad ante la ley y desconoce la necesidad de dar a todos los ciudadanos, incluidos los jueces, el acceso a la justicia.
El especialista advirtió que esta decisión reproduce un tratamiento desigual y arbitrario de la Constitución, ya que no se aplican las mismas reglas a todos los funcionarios. “Mientras a algunos se les respetó el mandato vitalicio que establecía la Constitución anterior, a otros se les aplica retroactivamente el nuevo límite de edad. Esa dualidad genera un caos jurídico y una sensación de inseguridad institucional”, señaló.
Astigueta también cuestionó duramente que la Corte salteña haya recurrido a las opiniones vertidas durante la Convención Constituyente para justificar su postura, cuando “los propios convencionales no votaron ninguna cláusula transitoria para regular cómo debía aplicarse la nueva Constitución”. En ese sentido, el constitucionalista remarcó que lo correcto hubiera sido que la convención dejara establecidas reglas claras de transición, como ocurrió en reformas anteriores.
Finalmente, anticipó que los jueces afectados probablemente recurran a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Salta va a volver a ser señalada como un ejemplo de lo que no se debe hacer. No permitir siquiera la apertura del proceso judicial es gravísimo”, concluyó.