Proyecto busca limitar plazos y judicializar acuerdos en expropiaciones

Este martes 10 de junio, la Cámara de Diputados de Salta debatirá un proyecto de ley que propone modificaciones puntuales al Régimen de Expropiación vigente, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a los procesos de desposesión impulsados por el Estado. Se trata del expediente N° 91-52.100/25, de autoría de los diputados Sofía Sierra y José Gauffín (Bloque PRO).

La propuesta plantea una reforma a los artículos 13 y 19, además de la incorporación del artículo 20 bis a la Ley 2614 y sus modificatorias. Según sus autores, el régimen actual –sancionado en 1951 y parcialmente modificado en 1968– resulta obsoleto y confuso, lo que genera incertidumbre jurídica tanto para el Estado como para los expropiados.

Uno de los ejes del proyecto es permitir la homologación judicial de los “avenimientos” logrados entre el Estado y el expropiado, ya sea en sede judicial o extrajudicial. Esta figura busca facilitar que, en caso de incumplimiento por parte del Estado, el damnificado pueda ejecutar el acuerdo mediante un trámite más ágil, sin necesidad de iniciar un nuevo juicio.

Además, se fija un plazo máximo de seis meses para que el Tribunal de Tasaciones emita su dictamen cuando el Estado ya haya avanzado en la toma del bien a expropiar. Esta medida apunta a evitar dilaciones que afectan los derechos de los particulares y a ordenar el procedimiento administrativo.

El proyecto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Obras Públicas, Hacienda y Presupuesto, ni de Legislación General. No obstante, sus impulsores consideran que la iniciativa podría incluso ser aplicada directamente por los jueces, "aunque no lo indique la ley". Subrayan que el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica no solo son pilares constitucionales, sino también condiciones fundamentales para el desarrollo económico.