Impulsan una Ley para garantizar el financiamiento de las universidades públicas

En respuesta a la profunda crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país, legisladores nacionales presentaron un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento sostenible y progresivo de la educación universitaria en Argentina. El proyecto establece una serie de medidas orientadas a asegurar el funcionamiento integral del sistema universitario nacional, su calidad educativa y el acceso equitativo de la población.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte ajuste presupuestario por parte del Gobierno nacional, que prorrogó el presupuesto de 2023, congelando los fondos asignados a las universidades públicas en un escenario inflacionario que, desde entonces, ha generado una pérdida del 134 % en términos reales de financiamiento operativo.

Entre los puntos centrales del proyecto, se destaca la creación de un mecanismo de asignación automática de fondos, denominado “Proporción Universitaria”, que se calculará en base a los ingresos federales coparticipables. Esta fórmula busca garantizar que una porción específica de los recursos nacionales se destine directamente al sostenimiento de las universidades, sin afectar la distribución a las provincias.

Además, se contempla la convocatoria a paritarias salariales docentes y nodocentes cada tres meses como mínimo, con actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación. Se estipula también la recomposición salarial inmediata desde diciembre de 2023, incluyendo la incorporación plena de sumas no remunerativas a los sueldos básicos.

El proyecto establece como objetivo que la inversión del Estado nacional en educación universitaria alcance el 1,5 % del PBI para el año 2031, iniciando con un 1 % en 2026 y aumentando progresivamente.

También se crea un Fondo para Carreras Estratégicas por 10 mil millones de pesos, ajustado por inflación, destinado a promover nuevas carreras en áreas clave como la inteligencia artificial, así como becas para estudiantes y acuerdos internacionales. En paralelo, se impulsa una ampliación del sistema de becas universitarias y la revisión de sus criterios de admisión para garantizar mayor equidad e inclusión.

La iniciativa también toma nota del masivo respaldo social a la universidad pública expresado en la Marcha Federal Universitaria del 23 de abril, que movilizó a cientos de miles de personas en defensa del sistema universitario gratuito y de calidad.

"Este proyecto no sólo es una respuesta a la emergencia, sino una apuesta al futuro del país", sostienen sus impulsores, quienes enfatizan la necesidad de una ley que asegure la autonomía, autarquía financiera y continuidad de las políticas universitarias a largo plazo.