Cielos abiertos: Javier Milei avanza con la desregulación aerocomercial

En el marco de su política de cielos abiertos, el Gobierno avanza con nuevas medidas de desregulación en el sector aerocomercial. Los recientes cambios afectan la obtención del certificado digital para la explotación de servicios aeroportuarios y de rampa, así como las tarifas por el uso de las pasarelas telescópicas.

A través de la resolución 86/2025 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), publicada en el Boletín Oficial, se derogaron diversas normativas, entre ellas la disposición 106/2002, que regulaba el Registro del Personal de Servicio de Rampa y Escalas Habilitadas, y la resolución 245/2023, que establecía el cuadro tarifario para los Servicios en Tierra a Aeronaves prestados por Intercargo Sociedad Anónima Unipersonal.

Por esta razón, se determinó la derogación de toda normativa que contradiga las medidas adoptadas y la implementación de nuevos parámetros alineados con los principios establecidos en el decreto 599/2024.
"Las necesidades actuales del mercado aerocomercial y el nuevo esquema de política de aviación comercial, con el cual se aspira al funcionamiento adecuado del mercado, la libre competencia, la libertad de acceso al mercado y la mayor eficiencia, requieren la revisión del ordenamiento jurídico. Que, en dicho contexto, también corresponde derogar toda norma que se contraponga con las medidas oportunamente dictadas, así como establecer nuevos parámetros acordes a los principios establecidos en el decreto 599/2024", explica el escrito.

El proceso de desregulación del sector aerocomercial comenzó en julio del año pasado con el objetivo de aumentar la cantidad de operadores y permitir que cada aerolínea elija libremente la empresa encargada de prestarle el servicio. Hasta ese momento, Intercargo tenía la exclusividad en la prestación de servicios de rampa, aunque algunas compañías, como Flybondi y American Airlines, ya optaban por la autoprestación.

Cielos abiertos: en qué consisten las reformas

Según lo explicado por el Gobierno, estas reformas se sustentan en principios como la transparencia en la medición, asignación y uso de la capacidad aeroportuaria, la reducción y optimización de la intervención del Estado y la libertad para determinar frecuencias, siempre que estén contempladas en el plan de negocios y sujetas a estrictos criterios operativos que garanticen un tráfico aéreo seguro.

Asimismo, se implementó un sistema de vigilancia operacional continua con un enfoque prioritario en la seguridad. Los cambios incluyen la introducción de indicadores e índices de monitoreo orientados a mejorar la eficiencia operativa, la regularidad, la puntualidad y la planificación. Con el tiempo, se han autorizado nuevas rutas aerocomerciales y la incorporación de nuevos operadores. Además, se garantizará el acceso equitativo y la asignación justa de los servicios y espacios aeroportuarios comunes, en línea con los estándares internacionales, con el fin de promover la libre competencia.

Con información de Ámbito