Segundo fallo contra Argentina: Preska también le da acciones de YPF a un fondo buitre
La jueza Loretta Preska ordenó transferir papeles al fondo Bainbridge como pago parcial de una sentencia separada a la de la expropiación de la petrolera. Más temprano, falló en favor de Burford.
En una nueva decisión adversa para la Argentina, la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado nacional transferir sus acciones de YPF al fondo Bainbridge como parte del pago de una sentencia vinculada a deuda soberana en default.
Se trata del segundo fallo dictado este lunes contra la República Argentina relacionado con su participación accionaria en la petrolera. Más temprano, Preska había emitido otra resolución adversa en el marco del caso por la expropiación de YPF, también con consecuencias patrimoniales sobre los activos argentinos en la empresa.
Según el fallo, la entrega de las acciones se establece como una forma de resarcimiento parcial en una causa separada, pero relacionada con incumplimientos de deuda soberana. El fondo Bainbridge es uno de los litigantes que reclama compensaciones por títulos en cesación de pagos.
La doble decisión marca una jornada especialmente compleja para el frente judicial internacional del país, con consecuencias potenciales sobre el control accionario estatal en la principal compañía energética argentina.
La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, decidió que también deberán entregarle acciones de YPF al fondo Bainbridge Fund.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en demandas contra el Estado argentino, advirtió en X sobre este segundo traspié en un día. Si las acciones de YPF ya cayeron casi un 6% en New York en lo que va del día, este golpe puede profundizar esa situación.
Bainbridge cuenta con un fallo favorable en un juicio por la reestructuración de deuda en default que asciende u$s 95 millones. El fondo es el que había solicitado información sobre el oro en las reservas del Banco Central que había sido sacado del país.
El fondo había pedido también embargar una propiedad a nombre de la Cancillería argentina situada en Washington. Según Bainbridge, la propiedad estaba siendo utilizada con fines comerciales, lo que permitía su reclamo sobre la misma.
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