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La tarea en el inicio del año se centró en la eliminación de Fondos Fiduciarios, que representan una porción importante del Producto Bruto Interno.
Un fondo fiduciario o fideicomiso es un tipo de administración de recursos, que en el caso de los que son públicos se originan en la decisión del Estado de delegar su manejo en una entidad para que los administre en función de determinada política pública, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra. Es el caso de dos fondos que por su fuerte impacto social son emblemáticos y se citan a modo de ejemplos: PROCREAR, con una importante participación en la resolución del complejo problema del déficit habitacional y Progresar, un programa de acompañamiento en la formación de recurso humano.
Se incorporaron como elementos fundamentales para la ejecución de políticas públicas hace casi tres décadas y al momento de la asunción del gobierno libertario 29 fondos fiduciarios estaban operativos e incorporados en el presupuesto 2023. Cinco de los más antiguos habían sido creados en la presidencia de Carlos Saúl Menem y la mayoría fueron puestos en funcionamiento en el gobierno de Mauricio Macri.
Apenas asumido, Javier Milei manifestó su propósito de encarar su revisión, saneamiento o disolución, El primer paso que dio en ese orden fue incorporar un extenso listado de fondos para su eliminación en el proyecto de ley ómnibus que no prosperó; representaban la canalización de recursos por un valor de unos dos mil millones de dólares, cifra aproximada a un 0,5% del PBI.
Fue precisamente uno de los puntos de no consenso, por lo que se decidió avanzar por la vía de los decretos para intervenir en una cuestión que de manera global comprometía la disponibilidad de fondos de cada uno de los 24 distritos del país. La falta de rendiciones de cuentas y controles escasos estaban arruinando una herramienta que en otro contexto resulta ampliamente eficiente. Es así que ya son 18 los fondos fiduciarios que cayeron bajo la acción de la motosierra libertaria.
Los tres últimos figuran en el Decreto 6 del Ministerio de Economía, publicado este lunes, cuyos considerandos hacen referencia al pésimo uso de recursos que son de la sociedad, al deficiente control y a la falta de resultados. En esa norma se dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, creado en 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”; el del Servicio Universal, que se nutría con aportes de los licenciatarios de servicios TIC y cuya finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información y el Fondo Fiduciario PRODAF, cuyo objetivo era mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. Su aplicación alcanzaba a las provincias de Chaco y Entre Ríos y se consideró que ya había cumplido su propósito. En los otros casos, y en base a informes de auditoría, se consideró que eran utilizados con finalidades políticas y clientelistas -especialmente el de Viviendas- y en su ejecución evidenciaron irregularidades e incumplimientos.
Es importante corregir la ineficiencia y mucho más, luchar contra la corrupción. Por delante queda determinar qué respuesta se darán a las problemáticas que se resolvían a través de las estructuras que se van disolviendo.
Salta, 07 de enero de 2025