Opinión27/12/2024

Salida

Al filo del cierre del año, se definió el salario mínimo, vital y móvil. Por segunda vez consecutiva no hubo acuerdo entre empresarios y trabajadores y laudó el gobierno. También se confirmó que el 40% de los asalariados son pobres.

Este valor define el piso mínimo de ingresos que puede cobrar un trabajador; además sirve como referencia para definir algunas prestaciones sociales, así como también los límites para el pago de Ganancias. Está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y fue reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Su determinación es responsabilidad del Consejo del Salario, que integran las tres centrales obreras  y cámaras empresariales. Sin embargo, desde que arribó Javier Milei al poder, las dos veces que se negoció no se llegó a una suba consensuada y debió establecerlo el Ejecutivo. Al último ajuste lo hizo a través de una Resolución publicada ayer y lo fijó en casi 280 mil pesos, generando críticas del sector sindical.

Es que los gremios pretendían un aumento de más de 100%, mientras que la propuesta de los empresarios fue llevarlo a 295 mil en marzo, de manera escalonada desde diciembre. La Confederación General de Trabajo acusó al gobierno de "falta de responsabilidad social" y denunció que el Salario Mínimo, Vital y Móvil viene acumulando una pérdida estimada del poder adquisitivo superior al 70%, que la recesión va profundizando.

Si bien es considerado un valor referencial, según la CGT  lo percibe un total de 6 millones de trabajadores formales. Desde la visión libertaria, tener un salario mínimo es un error conceptual. Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, si hay personas que están dispuestas a trabajar por menos de ese salario, no pueden ser contratadas porque efectivamente esa cifra es un piso que no se puede perforar.

Simultáneamente a este debate, se conoció que casi el 40% de los asalariados -esto es cuatro de cada 10 trabajadores en relación de dependencia -no están registrados en la seguridad social, y habitan un hogar pobre. El valor asciende a 63% si se tiene en cuenta a los trabajadores informales.

Es lo que consigna el informe Empleo Asalariado Informal y Pobreza Laboral, realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, que destaca que la tasa de informalidad asalariada fue del 34% entre los hombres y de 38% entre las mujeres. Ambos guarismos son superados generosamente por la tasa de informalidad de los jóvenes, Durante el segundo trimestre de 2024, fue de casi 64%, 28 puntos porcentuales más alta que la tasa global. En oposición, el grupo de 45 a los 64 años es el que experimenta la menor informalidad laboral.

Tampoco hay uniformidad territorial. El AMBA y la Patagonia se ubican en materia de informalidad por debajo del promedio mientras que las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste registraron tasas superiores al 40%. En Latinoamérica, por encima de Argentina solo se ubican Perú y Paraguay; el resto de los países está por debajo. Uruguay, por ejemplo, registra el 9%.

Es cierto que la microeconomía muestra estos datos negativos pero hay señales que se va saliendo del pozo. En noviembre se registró por primera vez en un año, un aumento de la cantidad de empleo formal, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Fue un aumento marginal, de menos de un punto, pero marcó el quiebre de una tendencia negativa que duró 11 meses, dice la información oficial.

Estas referencias no pueden presentarse con el énfasis y el entusiasmo que le pone el Presidente de la Nación, cuando habla de sus logros mundiales, pero tampoco debe eludirse su exhibición. 

Es que hay un pueblo  buscando la salida y necesita razones para no claudicar.

Salta, 27 de diciembre de 2024

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